Luego de once audiencias de exposiciones en el plenario de comisiones, el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito con la firma de 71 legisladores de distintos bloques ya tiene fecha de llegada al recinto: será el próximo 13 de junio. 

Así lo confirmó a ámbito.com, el titular de la Comisión de Legislación General, el diputado del PRO, Daniel Lipovetsky, quien sostuvo: “el objetivo es dictaminar en la primera semana de junio, pero esa discusión está abierta, puede ser que lleve más tiempo. Pero la idea es poder llevar el proyecto al recinto la semana siguiente en una sesión especial”. La decisión final, sin embargo, está en manos de los presidentes de bloque. 

Además, explicó que hasta el 31 de mayo continuarán con las rondas de especialistas a favor y en contra de la iniciativa, hasta completar los 730 inscriptos. Aún restan cuatro encuentros.

“Cumplimos un objetivo que fue que después de muchos años pudimos lograr un debate serio y respetuoso. La discusión sirvió porque hay muchos legisladores que estaban en contra y hoy están dudando y hay muchos que estaban dudando y hoy tienen una posición a favor. Todavía hay un final abierto porque hay alrededor de 35 diputados que están en duda, pero yo estimo que estamos cerca de poder obtener la media sanción”, evaluó el legislador sobre las largas jornadas que comenzaron el 10 de abril pasado, todos los martes y jueves en doble turno.

Daniel Lipovetzky, titular de la Comisión de Legislación General de Diputados.

En las semanas que restan el objetivo estará centrado en tratar de convencer a los indecisos y trabajar en los puntos en los que aún hay mayor disenso para resolver las diferencias.

“Para la elaboración del dictamen se va a tomar como base el proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito porque es el que cosechó más firmas y es el símbolo de la lucha de las mujeres”, sostuvo Lipovetsky y agregó que “de los otros proyectos, seguramente se tomarán cosas para ayudar a tener consensos y más votos”.

Entre estos puntos, se cuenta algún tipo de regulación de la objeción de conciencia, para los médicos que no deseen realizar la práctica, algo que no está presente en el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Otro de los aspectos más resistidos por los que se oponen a la legalización es la edad mínima a la que las adolescentes pueden acceder a un aborto sin el consentimiento de sus padres o representante legal. El proyecto de la Campaña lo fija en 13 años, pero este límite genera resquemores en algunos legisladores.

Una de las posibilidades para saldar este debate es remitir a lo que ya determina el Código Civil en su artículo 26, que establece que “se presume que el adolescente entre trece y dieciséis años tiene aptitud para decidir por sí respecto de aquellos tratamientos que no resultan invasivos, ni comprometen su estado de salud o provocan un riesgo grave en su vida o integridad física”.

En cambio, en tratamientos considerados invasivos o con riesgo de salud, deberán prestar consentimiento sus progenitores. El texto también dicta que “el conflicto entre ambos se resuelve teniendo en cuenta su interés superior, sobre la base de la opinión médica respecto a las consecuencias de la realización o no del acto médico”.

Por último, Lipovetsky dejó en claro que hay puntos del proyecto de ley que son “innegociables”: la despenalización, tanto de la mujer como del médico hasta la semana 14 y la legalización de la práctica a través del proceso de cobertura médica. “Hacen al objetivo que buscamos que es sobre todo proteger a las mujeres en situación de vulnerabilidad”, concluyó.

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