El canciller Jorge Faurie y su par de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, suscribieron hoy en Montevideo un acuerdo marco para la «Disposición de Bienes Decomisados», que constituye un avance en la cooperación jurídica internacional.

Se trata del primer acuerdo bilateral que la Argentina suscribe para establecer los mecanismos de cooperación y negociación que permitan «la recuperación de activos que se encuentren en el territorio de un país, y hayan sido obtenidos a través de delitos de corrupción, tráfico ilícito de estupefacientes y delincuencia organizada transnacional, cometidos en el otro país», informó el comunicado emitido hoy por la Cancillería.

«El acuerdo celebrado se enmarca en un objetivo central del Gobierno argentino, como es la lucha contra la corrupción, el lavado de activos y la delincuencia organizada transnacional», explicaron fuentes de la la cancillería argentina.

El acuerdo se basa en los artículos 12, 13 y 14 de la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada trasnacional que se refieren al reparto de bienes decomisados.

«Este es un acuerdo que tiene un marco general, sin especificar cómo se hace la distribución de los bienes, que eso lo van a tratar las autoridades intervinientes como la Fiscalía, Procuraduría y son ellos los que determinaran los porcentajes de distribución», explicó el canciller uruguayo tras la firma del acuerdo.

Si bien todavía no se determinó el porcentaje que le corresponderá a cada país, se acordó el mecanismo de negociación que van a establecer ambas naciones.

Faurie explicó que el presidente Mauricio Macri y su par uruguayo, Tabaré Vázquez  habían hablado sobre este tema durante la cumbre del Mercosur que se realizó en Montevideo.

«Ustedes son uruguayos y conocen la vida de Argentina y saben que hemos sido profundamente afectados por los mecanismos de corrupción que prevalecieron durante un largo período en nuestra política reciente y que muchos de esos casos han tenido reflejo sobre la vida cotidiana del Uruguay», dijo Faurie en declaraciones a la prensa.

El caso testigo que mencionaron los cancilleres durante el encuentro fue el del sindicalista argentino Marcelo Balcedo y su esposa, Paola Fiege, ambos detenidos en Uruguay.

Balcedo, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (SOEME), fue detenido en enero de 2018 en Punta del Este, acusado por evasión fiscal y lavado de dinero.

Hijo de un histórico sindicalista bonaerense y dueño de un importante medio platense, Balcedo tenía en su poder USD 500 mil y diversas armas de fuego cuando lo esposaron. (Télam)

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