La expectativa oficial de que se podrán contener los índices de precios en los próximos meses está amenazada por los aumentos de tarifas ya anunciados que incidirán en la inflación de mayo, junio e incluso agosto. Por lo que trascendió hasta ahora, no habrá cambios en ese cronograma, lo que se explica, entre otras cosas, porque si hubiera modificaciones el Estado tendría que hacerse cargo de más gastos, en sentido contrario a los requerimientos del Fondo Monetario, o incumplir contratos con empresas.

Tras el aumento del 10% aplicado en las tarifas de gas de todo el país en abril, en mayo se sumará otra suba del 9,1%, lo que acumulará un 20% en los dos meses. Y en junio habrá otro incremento del 7,5%, sumando un 29% en el trimestre con relación a marzo y alrededor del 90% con respecto al período abril-septiembre de 2018.

Para atenuar el impacto de ese ajuste en los bolsillos de los consumidores, el Gobierno decidió que habrá un diferimiento obligatorio de 22% de las facturas de los hogares correspondientes a junio-septiembre, que se pagará sin intereses entre diciembre y marzo. Sin embargo, el INDEC está obligado a tomar el total del aumento que se verifique a junio, a menos que encuentre un vericueto legal para incluir el diferimiento.

En electricidad, habrá en mayo un nuevo aumento del precio mayorista de la energía para todo el país, al que se sucederá otro ajuste similar en agosto. Al hacer el anuncio a fines de diciembre, el ex titular de Energía Javier Iguacel estimó que serían dos incrementos del 4% en la tarifa final de luz, lo que significa que el impacto puede ser distinto o más alto en las provincias.

De hecho, algunas empresas eléctricas provinciales y cooperativas están teniendo crecientes dificultades para pagar el precio mayorista a la empresa controlada por el Estado que opera el despacho eléctrico, porque los gobiernos de los que dependen no autorizan subas acordes para el público, o no les actualizan el margen por distribuir la energía, con lo cual, si se trata de empresas privadas, dejan de pagar el precio mayorista para no perder demasiados ingresos.

Detrás del descalabro está la dolarización del precio de la energía con que se retribuye a las generadoras, y los aumentos en dólares que se aprobaron en la etapa de Juan José Aranguren para ampliaciones de capacidad, además de los contratos firmados en esa moneda para los proveedores de energías renovables.

A estos ajustes tarifarios, hay que añadir todavía los aumentos que puedan producirse en los combustibles en mayo y en los meses siguientes. En principio, si logra sostenerse la baja en el valor del dólar de las últimas jornadas, este elemento jugará como contrapeso a la suba que se registra en el precio internacional del petróleo, pero probablemente no alcance para que no haya aumentos en los surtidores.

Se espera sobre todo un alza en el precio del gasoil debido a las dificultades de abastecimiento en el canal mayorista que está afectando a productores del campo y a los camiones que deben trasladar la cosecha. Se afirma que disconformes con los precios actuales, algunas petroleras solo entregan el mismo volumen que en igual mes del año pasado, cuando la demanda fue menor por la sequía.

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