El juez federal Claudio Bonadio procesó con prisión preventiva a Cristina Kirchner y pidió su inminente desafuero al Senado de la Nación, en el marco de la causa por el presunto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado a la AMIA.

La resolución fue dictada en la causa iniciada a raíz de la denuncia del fiscal fallecido Alberto Nisman, donde este jueves fueron detenidos Luis D’Elía, Carlos Zannini y Yusuff Khalil.

Bonadio consideró que debido a sus contactos, la ex presidenta “puede entorpecer la causa” que investiga el presunto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado a la AMIA, según indicaron fuentes judiciales.

La causa

La ex presidenta y los ex funcionarios de su gobierno fueron acusados por el fiscal Gerardo Pollicita el 7 de septiembre, de “encubrimiento agravado” por tratarse el atentado a la AMIA de un delito declarado de lesa humanidad y debido a que por su rol de funcionarios públicos, generaron “un impedimento o estorbo de un acto funcional e incumplimiento a los deberes de funcionario público”.

El accionar delictivo denunciado por el fallecido fiscal Alberto Nisman habría sido orquestado y puesto en funcionamiento por las altas autoridades del anterior gobierno. El medio elegido para concretar el plan fue el Memorando de Entendimiento con Irán que se firmó el 27 de enero de 2013 en Etiopía. Este instrumento iba a permitir por un lado, remover, suspender o morigerar las restricciones a la libertad que afectaban a los acusados, y por el otro, el acuerdo disponía la creación de la Comisión de la Verdad cuyo rol central iba a ser en realidad exculpar a los imputados iraníes introduciendo una nueva hipótesis acerca de cómo fue el atentado

El “plan criminal” según la Justicia, estuvo “destinado a brindar ayuda para dotar de impunidad a los acusados de nacionalidad iraní” imputados por el atentado a la sede local de la AMIA. Este “encubrimiento” les permitió “eludir la investigación penal y sustraerse de la acción de la justicia argentina, en desmedro de los intereses de las víctimas y el real esclarecimiento del atentado”.

Para la Justicia la principal responsabilidad del “accionar criminal denunciado” recae sobre Cristina Kirchner, pero alcanza a sus principales funcionarios de entonces: Zannini, Parrilli, la ex Procuradora del Tesoro Abbona, Timerman, Juan Mena y Andrés, Larroque, entre otros.

Pero además, este “plan denunciado” contó con “canales paralelos de comunicación y negociación, no oficiales”, como “vías concretas, eficientes y confiables para avanzar con el objetivo criminal planeado”. En esta instancia, se incluyó a “un grupo de individuos estrechamente vinculado con funcionarios y ex funcionarios de los gobiernos involucrados”, que desde la informalidad, “contribuyeron estratégica y sustancialmente con las acciones necesarias para la concreción del plan”: Luis D´Elía, Fernando Esteche, Ramón Bogado, Héctor Yrimia y Jorge Khalil. Todos ellos ya declararon.

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