Tras la investigación iniciada con los cuadernos del chofer Oscar Centeno y sumándole declaraciones y confesiones de arrepentidos, el juez Claudio Bonadio está ultimando los detalles del procesamiento de Cristina Kirchner por ser jefa de una asociación ilícita, responsable de comandar una estructura desde el Estado para la recaudación de fondos ilegales. El juez pedirá el desafuero y la detención de la ex Presidenta.

La investigación reveló “una organización delictiva conformada por funcionarios públicos, quienes valiéndose de medios oficiales (incluyendo vehículos, empleados, equipos de telefonía celular, etcétera) y comandados por quienes fueran titulares del Poder Ejecutivo Nacional (Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández) y del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (Julio Miguel De Vido), actuó entre los años 2003 y 2015”.

Según Bonadío, el objetivo era “procurar la percepción de sumas de dinero ilegítimas por parte de diversos particulares, muchos de ellos empresarios contratistas de la obra pública del Estado Nacional”.

El fiscal Stornelli delimitó que la maniobra delictiva se inició en 2003 y se prolongó hasta 2015. Se generaron tres nuevos expedientes según las áreas en las que el gobierno kirchnerista recaudaba los pagos ilegales: el sector energético, la obra pública civil y el transporte.​ Mientras la causa central de los cuadernos se encuentra al borde de los primeros procesamientos, el juez entendió que corresponde “profundizar la investigación respecto a estos sistemas”, para que no se entorpezca la causa central conocida como los “cuadernos de las coimas”.

Sobre el funcionamiento de la operación, el juzgado indicó: “Previo percibir el porcentaje que correspondiera a sus tareas, procedían a entregar los fondos recaudados a otros funcionarios, tales como José María Olazagasti (secretario privado de Julio Miguel De Vido), Hugo Martín Larraburu (coordinador de la Unidad Ministro del Jefe de Gabinete de Ministros), Juan Manuel Abal Medina (Jefe de Gabinete de Ministros) y Héctor Daniel Muñoz (secretario privado de la Presidencia de la Nación)”.

La siguiente instancia y final era “derivar -el dinero- a manos de los verdaderos beneficiarios de la maniobra ilícita: Néstor Kirchner, Cristina Fernández y Julio De Vido”.

El expediente inició con 15 cuerpos y con el transcurso de los meses se duplicó con declaraciones, documentación y el resultado de decenas de medidas de prueba. En ese marco se realizaron 70 allanamientos -36 en la ciudad de Buenos Aires, 24 en la provincia de Buenos Aires, 7 en Misiones, 2 en Santa Cruz y 1 en Mendoza-, sobre oficinas de empresas a nivel nacional e internacional, como también sobre los domicilios de los ex funcionarios públicos involucrados en la investigación.

La asociación ilícita se castiga con una pena máxima de 10 años de prisión y el cohecho con seis años como máximo. Pero los mínimos son mucho más bajos y en todo caso, si los empresarios confesos son condenados como arrepentidos pueden tener una reducción de pena que les permitiría recibir una condena de ejecución condicional, es decir que no irían presos.

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