Se acabaron las especulaciones: el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva no podrá participar de las elecciones del 7 de octubre, para las que era el gran favorito a pesar de la pena a 12 años de cárcel que cumple por corrupción en el marco de la Operación Lava Jato.

Pasada la medianoche, en una sesión extraordinaria en Brasilia que se extendió más de diez horas, la mayoría del Tribunal Superior Electoral (TSE), por seis votos contra uno, decidió impugnar la polémica candidatura del máximo líder del Partido de los Trabajadores (PT) al considerar que iba en contra de la legislación que prohíbe que una persona condenada en segunda instancia compita por un cargo electivo.

El PT tiene diez días para designar a un nuevo postulante; todo indica que sería el exalcalde de la ciudad de San Pablo Fernando Haddad, hasta ahora candidato a vice.

Mientras tanto, el TSE no permitirá que el partido use la imagen de Lula para pedir votos en el horario gratuito de propaganda electoral en radio y televisión, que comenzó ayer, y serán retiradas de las urnas electrónicas la foto y el nombre del expresidente.

“Estamos ante una operación simple de aplicación de una ley clara que consagra la inelegibilidad de alguien que ha sido condenado por un crimen contra la administración pública y lavado de dinero por un órgano colegiado”, señaló el juez relator del caso, Luis Roberto Barroso,al resaltar la responsabilidad del TSE en contribuir a la estabilidad y la seguridad jurídica de los comicios de octubre.

“En este momento complejo y polarizado de la vida nacional, estoy convencido de que la mejor alternativa es que la justicia electoral esclarezca de manera colegiada y con transparencia, cuál será el cuadro definitivo de los candidatos a presidente de la República”, agregó el magistrado.

La mayoría del tribunal rechazó así los argumentos de la defensa de Lula, que había solicitado que se permita “sub judice” la candidatura del expresidente, es decir, hasta que su condena fuese analizada en tercera instancia, por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) o por el Supremo Tribunal Federal (STF). Los abogados apoyaron su postura en una “recomendación” -no vinculante- realizada en este sentido a principios de mes por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

De inmediato, la presidenta del PT, la senadora Gleisi Hoffmann, calificó la decisión del TSE de “violencia judicial” contra Lula. “El juicio fue hecho con toda prisa y pasó por encima los ritos previstos por la ley”, señaló antes de reunirse con otras autoridades petistas para analizar los próximos pasos a seguir.

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