Calcaterra, tajante: “Sánchez Caballero pagaba por orden mía”

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A casi una semana de su cinematográfico comienzo, el caso de los cuadernos de la corrupción podría estar dando un giro imprevisto. Este lunes, tres empresarios pidieron declarar ante el juez Claudio Bonadio y se acogieron a la figura conocida como “arrepentido” y evitaron seguir en prisión.

Se trata de Juan Carlos de Goycoechea, ex director de la empresa española Isolux Corsán, Javier Sánchez Caballero, directivo de IECSA y su jefe directo, Ángelo Calcaterra -ninguno fue detenido-.

Calcaterra es el primo del presidente Mauricio Macri, y es dueño de las empresas que formaron parte históricamente del grupo Macri.

En el año 2007, cuando Mauricio ingresó a la actividad pública, Franco se desprendió de sus firmas para evitar sospechas y permitir que las compañías siguieran haciendo negocios con el Estado. Según detallaron fuentes judiciales, el titular de IECSA se presentó ante el juez y el fiscal para reconocer que los pagos de dinero a funcionarios kirchneristas que realizó Caballero fueron a su pedido.

Así, Calcaterra consiguió liberar a su hombre de máxima confianza. Además, el primo del Presidente declaró bajo juramento que los aporte no fueron como retornos por la obra pública, sino para la campaña política del Frente para la Victoria. 

De acuerdo con las fuentes judiciales, Calcaterra confesó que Sánchez Caballero pagó dinero por orden de él porque la empresa sufría la extorsión de funcionarios con el objetivo de financiar las campañas 2013 y 2015. “Él pagaba por orden mía”, remarcó el primo del presidente.

El testimonio implica un cambio importante, porque se busca que la carátula ya no sea la de “asociación ilícita”, sino apenas la investigación de un aporte en efectivo a una campaña electoral. En ese sentido, el único responsable sería el tesorero del FpV, tal como sucedió hasta el momento con la campaña de Cambiemos del 2017 en la causa de los aportantes truchos. Eso quitaría presión sobre los ex funcionarios y dejaría casi sin elementos al fiscal y al magistrado para mantener en prisión a los más de quince detenidos de la causa.

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