Establecieron pautas de trabajos internos. La próxima reunión será el próximo 25 de este mes en Concepción.

Miembros de la comisión interinstitucional de implementación y monitoreo de la puesta en funcionamiento del nuevo Código Procesal Penal mantuvieron la primera reunión para avanzar en la coordinación de lo que será la puesta en marcha de la normativa.

Del encuentro participaron vocales de la Corte Suprema de Justicia de la provincia –Antonio Estofán y Antonio Gandur-, el ministro Público Fiscal, Edmundo Jiménez; y representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Con un diálogo superador, integrantes de la comisión establecieron los lineamientos del trabajo interno que implicará el Código Procesal.

“Se aplicará primero en Concepción y Monteros y en el año 2021 esperemos que funcione en toda la provincia”, indicó la titular de la secretaría de Derechos Humanos, Erica Brunotto, quien asistió en representación del Poder Ejecutivo.

“Los integrantes –titulares y suplentes- verificaremos cómo está avanzando todo en materia de capacitación e infraestructura para que empiece a funcionar”, explicó la funcionaria.

“Es un avance poder trabajar siempre con oralidad y serenidad. Para la próxima reunión ya tendremos estadísticas y más documentación para determinar puntos fundamentales”, dijo Brunotto. Y agregó que desde su repartición “se respaldará el ejercicio de todos los derechos de las personas”.
Todos los miembros de la comisión de seguimiento se reunirán el próximo 25 de julio en la ciudad de Concepción.

Por su parte, Jiménez indicó que “hay muchas expectativas por el nuevo Código”. En ese explicó que el beneficio del nuevo Código “será la rapidez en las decisiones y la respuesta de la Justicia a la sociedad para resolver causas, es decir, que los acusados tengan una sentencia y la cumplan”.

“Es la esperanza y la expectativa que tiene la comunidad y quienes crearon el Código, y los que estamos implementándolo”, agregó el titular del ministerio público.

Tambien participaron del debut de la comisión los legisladores Javier Pucharras y José María Canelada, el abogado Arnaldo Ahumada y otros representantes de los letrados.

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