Declaraciones armadas. Aprietes. Peritajes que desmintieron los supuestos delitos. Testigos que no pudieron ratificar bajo juramento acusaciones lanzadas por televisión. Espionaje ilegal. Todos estos elementos estuvieron presentes en los juicios por corrupción y lavado de dinero que se sustanciaron este 2019 en Comodoro Py y que se retoman a partir de esta semana. Se trata de los procesos conocidos como Obra Pública –próxima audiencia el lunes 10–, Oil Combustibles –jueves 6– y Ruta del dinero K –miércoles 5–. Además de las denuncias por serias irregularidades que comparten los tres debates orales, el otro denominador común es la procedencia de los imputados: todos son ex funcionarios kirchneristas y empresarios relacionados con la gestión anterior a Cambiemos.

Obra Pública

Las audiencias se reinician el lunes 10, con el testimonio de un referente de Cambiemos, Fernando Sánchez. Su compañero de ruta, Juan Carlos Morán, viene de hacer agua y lo propio ocurrió con Margarita Stolbizer. Ninguna precisión, ningún aporte real.

Después de varias idas y vueltas y fuertes presiones, finalmente el pasado 21 de mayo tuvo lugar la foto de Cristina Kirchner sentada en el banquillo de los acusados. Escoltada por las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, la actual vicepresidenta se ubicó en la Sala AMIA de los tribunales de Comodoro Py junto a otros doce imputados, en su mayoría ex funcionarios de la Dirección de Vialidad Nacional y de la Provincia de Santa Cruz. De esta manera, con la extensa lectura del requerimiento de elevación a juicio, los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu dieron inicio a un proceso plagado de denuncias y planteos que llegaron incluso a la Corte Suprema y aún no fueron resueltos.

Este juicio fue el escenario del hecho sin precedentes, que quedó grabado a fuego en la historia de Comodoro Py. Fue la declaración indagatoria a Cristina Fernández de Kirchner, quien en más de cuatro horas de exposición ejerció su defensa con un alegato político y jurídico, que resonó más allá de las paredes de los Tribunales de Retiro. Con duras críticas al Poder Judicial, al Gobierno de Mauricio Macri y a los medios de comunicación, la ex presidenta buscó dejar al desnudo que la causa que investiga el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz a favor de Lázaro Báez fue parte de un armado en su contra y, según afirmó en aquella oportunidad, un claro ejemplo de law fare. “Había que condenar a un gobierno. El de Néstor Kirchner. Había que traer de vuelta al FMI. Y para eso había que convencer que el que nos desendeudó era un chorro. Por eso es que estoy sentada acá”, dijo. “Seguramente tienen la condena escrita. No me interesa. Yo he elegido la historia. A mí me va a absolver la historia”, fue la frase elegida por CFK para cerrar su declaración.

Testigos flojos de papeles

Después del cimbronazo, el Tribunal dio lugar a los primeros testigos. Juan Carlos Morán y Margarita Stolbizer fueron los dos primeros de una lista de 180. Ninguno de los dos pudo acreditar de manera directa -y ante la insistente pregunta de las defensas- que haya habido sobreprecios o beneficios al empresario patagónico.

Morán, un hombre del espacio político de Elisa Carrió, tampoco pudo afirmar que haya habido maniobras de corrupción. “Podría haber” sucedido. “Creo que” había que investigar. “No recuerdo los números”, fueron algunas de las frases que dejó el ex legislador, quien sólo mencionó hipótesis delictivas. Morán basó sus sospechas de corrupción en que Néstor y Cristina Kirchner trasladaron funcionarios de la gestión de la provincia de Santa Cruz a la administración Nacional. Según él, era sospechoso que “la fuerte conducción política de Néstor Kirchner y luego de Cristina Kirchner, con una decisión política otorgara mucho presupuesto a un Ministerio que fue creado desde esta gestión, que era el ministerio de Planificación a cargo de Julio de Vido”. Sin acreditar el direccionamiento o el beneficio de los ex presidentes y del empresario patagónico, Morán se centró sólo en las hipótesis de la fiscalía y las querellas.

Dudas sobre el peritaje oficial

La mayor expectativa por parte de los imputados está centrada en el momento en que los dos peritos oficiales tengan que explicar y ratificar bajo juramento el documento en el que aseguraron que hubo sobreprecios por 170 millones de dólares. Se trata de Pablo Eloy Bona –recusado por CFK por enemistad manifiesta por retuitear comentarios agresivos y abiertamente antikirchneristas- y Roberto Panizza. Según afirman las defensas, el estudio de 500 páginas está mal hecho. Entre otras cosas se dolarizaron los valores, lo que en materia de financiamiento de obra pública es un error grave; se compararon precios de obras completas con trabajos de mantenimiento y contrastaron obras realizadas en la cordillera con las de la meseta patagónica, lo que lógicamente arrojó importantes diferencias, ya que los costos son muy diferentes debido a las condiciones geográficas y climáticas tan disímiles.

Ente los acusados están Julio De Vido, José López, Carlos Kirchner y Lázaro Báez y varios ex funcionarios de Vialidad. El primo del ex presidente fallecido fue el último en ser liberado, por lo que no quedan detenidos en prisión preventiva por esta causa.

Oil Combustibles

La causa impulsada por el gobierno de Mauricio Macri -con la querella de la AFIP y la UIF- se retoma este jueves 6 de febrero con la citación de un gerente de impuestos de Oil, aunque en el corto plazo tienen que declarar funcionarios internos de la AFIP que hicieron informes sobre la petrolera.

Todo el expediente avanzó en el fuero penal con una hipótesis que fue derribada por la pericia oficial en pleno juicio. Según los números establecidos por los especialistas y que no fueron cuestionados por ninguna de las partes, sobre un total de 2200 millones de pesos, la administración de Ricardo Etchegaray –acusado por defraudación al Estado- logró cobrar 1600 millones. Es decir que la deuda de 8 mil millones de las que se hablaba en los medios de comunicación no era tal. El estudio concluyó que el Grupo Indalo estaba al día con el pago de las cuotas, que no había quitas y que se estaban cobrando los intereses. Pero que con la llegada del gobierno de Macri, la AFIP anuló mediante varias resoluciones firmadas en el término de una semana, parte de esos programas ya otorgados y provocó una situación de imposibilidad de pago. La llevó a la quiebra y la empujó a tener que vender. En concreto, el expediente es por supuestas irregularidades en el otorgamiento de planes de pago con relación al impuesto a la transferencia de combustibles líquidos en favor de Oil. “Nunca en ningún accionar del fisco después del 10 diciembre de 2015 hubo un objetivo de cobrar tributos. El objetivo fue liquidar al grupo empresarial”, declaró en su momento Etchegaray ante los jueces Fernando Machado Pelloni, Javier Ríos y Andrés Basso.

Aprietes

Por su parte, los otros dos acusados, Cristóbal López y Fabián De Sousa denunciaron amenazas y maniobras direccionadas por el macrismo para meterlos presos y arrebatarles las empresas. En su declaración López acusó de “corruptos” al juez de instrucción Julián Ercolini y al fiscal Gerado Pollicita. Según dijo, la causa en su contra “fue armada por un grupo de tareas comandado por el Sr. Abad de la AFIP”. El empresario afirmó que ese organismo contrató a un estudio de abogados externo, el de Ricardo Gil Lavedra “para que le diga a Ercolini qué tenía que hacer”.

En su extensa indagatoria, el empresario denunció que fue víctima de una persecución por haberse negado a poner al canal C5N a disposición del Gobierno de Cambiemos, para meter presa a Cristina Kirchner. “El juez y el fiscal son unos corruptos. Estoy acá porque era la figura que necesitaba Macri”, lanzó.

Los titulares de Oil Combustibles habían sido detenidos por orden de Ercolini en diciembre de 2017. Pero en marzo de 2018, los jueces Jorge Ballestero y Carlos Farah, integrantes en ese momento de la Sala I de la Cámara Federal ordenaron liberarlos, ya que ambos estaban ajustados a derecho e imputados por un delito excarcelable –Defraudación al Estado–, por lo que no correspondía la prisión preventiva. Pero luego, el ex presidente Macri salió públicamente a criticar el fallo: “No es lo que habíamos acordado”, expresó. Revelando –sin ponerse colorado– que había habido presiones para detener a los titulares del único medio televisivo no alineado completamente con el Poder Ejecutivo. Luego de eso, la mesa judicial de Cambiemos movió sus fichas para sacar a los camaristas que habían beneficiado a López y a De Sousa y cambió la composición de esa instancia clave, que a cargo de los recién llegados Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, fue revisando y ratificando todo lo actuado –entre otras– en la causa de las fotocopias del cuadernos. López y De Sousa fueron apresados nuevamente y tras casi dos años de la primera detención, recuperaron la libertad el 9 de octubre pasado.

Espionaje ilegal

En una de las audiencias, Fabián De Sousa denunció que él y todo el Grupo Indalo fueron víctimas de maniobras de espionaje ilegal. “Desde finales de diciembre de 2015, Mariano Gabriel Hernández, analista de revisión de recursos de la regional microcentro de la AFIP, ha ingresado en forma permanente y sin autorización formal a hacer procesos de revisión e investigación del Grupo Indalo”, dijo. Y detalló que el empleado tenía la obligación de informar a Jaime Mecicovsky y luego a Alberto Abad, a partir de enero de 2016 cuando asumió como jefe del organismo oficial. El mecanismo implicaba que Hernández ingresaba al área de sistemas de la AFIP para reportar cualquier modificación sobre los CUIT de cualquiera de los contribuyentes del grupo, sin que existiera orden interna ni de investigación legal, por lo que ningún funcionario tenía la capacidad de hacer inteligencia. “Estoy denunciando un proceso ilegal de persecución desarrollado por la AFIP bajo la responsabilidad de Mecicovsky y de Abad”, resaltó.

Testigos que se volvieron en contra

Antes del receso de verano, declaró como testigo el periodista Hugo Alconada Mon cuya investigación para el diario La Nación dio el pie al proceso judicial. También fue interrogado el abogado de la sindicatura Javier Llorente, quien tuvo a cargo el proceso del concurso que terminó en la quiebra de la empresa petrolera. Los dos fueron testigos por parte de la acusación. Sin embargo, ambos testimonios fueron capitalizados por las defensas. Mientras que Alconada Mon ratificó su trabajo periodístico pero admitió “errores”, Llorente sorprendió al afirmar que “la contabilidad de la compañía era transparente”.

Ruta del dinero K

Las audiencias de este juicio se retoman el miércoles 5 y ya se arranca con la etapa de alegatos. Empieza el fiscal Abel Córdoba quien utilizará tres miércoles. Luego vendrán las querellas de la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera. Y, para continuar, ya en marzo, empiezan a alegar cada una de las defensas. El cálculo es que habrá fallo antes de mitad de año.

«Si yo colaboraba recuperaría mis empresas y bienes y mi libertad. A cambio, tenía que decir que yo era el testaferro de la familia Kirchner», esta fue la denuncia lanzada desde el banquillo de los acusados por parte de Lázaro Báez, principal imputado por lavado de dinero. El punto central de la causa es si hubo manejos de lavado de activos a partir de la plata descubierta en cuentas de Suiza y Panamá, con movimientos por un total de 60 millones de dólares. Otro de los ejes son los cinco millones de dólares que figuraron en las imágenes de las cámaras de la financiera SGI, en las que Leandro Báez aparece contando los billetes. También, la adquisición de dos campos y la compra de facturas truchas para ocultar dinero y enviarlo al exterior.

El empresario Lázaro Báez, principal acusado, preso desde abril de 2016, declaró en dos oportunidades ante el Tribunal Oral Federal 4. Al borde del llanto, denunció que los servicios de inteligencia buscaron direccionar su declaración y quebraron a sus hijos, también imputados en la causa. «Sufrí una persecución bochornosa. El único objetivo era apuntar contra Cristina Kirchner y contra el peronismo”, dijo y acusó de mentiroso al arrepentido estrella del expediente, Leonardo Fariña.

Las juezas María Gabriela López Iñiguez y Adriana Pallioti y el juez Néstor Costabel escucharon la versión de Báez en una causa en la que sobresalió el rol del “arrepentido” Fariña, quien –según declaró bajo juramento su ex abogada ante el juez Alejo Ramos Padilla– fue coacheado a pedido de la AFI y del Ministerio de Justicia para que involucrara a Cristina Kirchner en las maniobras de corrupción con la obra pública. Sin embargo, el direccionamiento de la declaración del financista mediático no tuvo éxito y la vicepresidenta electa finalmente quedó afuera de este juicio, a pesar de las fuertes presiones de la Cámara Federal al juez de instrucción Sebastián Casanello. El magistrado dictó la falta de mérito de la ex mandataria por entender que no se encontraron pruebas de que el dinero del dueño de Austral Construcciones perteneciera a la familia Kirchner. “Fariña es un mentiroso desesperado”, disparó Baez. Y aseguró que su declaración fue parte de un “discurso armado”, que dejó al descubierto su “total desconocimiento” en materia de obra pública. Fariña “no vio en su vida un pliego de licitación”, remató.

Por su parte, el contador Daniel Pérez Gadín –también en prisión preventiva- señaló durante su declaración al gobierno de Macri como el responsable de su detención, al afirmar que está preso “a disposición del Poder Ejecutivo” (en referencia al Gobierno de Cambiemos). Y afirmó que “las tres querellas representantes del Poder Ejecutivo han mentido y los informes de inteligencia de la UIF son falsos y están basados sólo en los dichos de Fariña”.