Lo resolvió la Sala VI de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional. El tribunal modificó la calificación legal por la de homicidio agravado por la utilización de un arma de fuego en exceso en el cumplimiento de un deber.

Los jueces del tribunal dispusieron un cambio en la calificación legal: el efectivo quedó imputado por homicidio agravado por la utilización de un arma de fuego en exceso en el cumplimiento de un deber.

Los magistrados aseguraron que Chocobar actuó correctamente en el inicio de los hechos, pero pusieron sobre la lupa el desenlace de la persecución, que deberá ser discutida en un juicio oral y público.

«Chocobar intervino porque debía hacerlo, máximo se se tiene en cuenta que el episodio se desarrolló mientras dirigía a cumplir su función. Lo hizo inicialmente ajustando su comportamiento a la normativa que regula la función policial, pero concluyó en un acto excesivo que merece ser juzgado en una etapa posterior», concluyeron.

Y agregaron: «Actuar como policía implica también de manera imperiosa reconocer los límites que la propia institución establece para que sea correcta, mediante el dictado de reglamentos y entrenamiento profesional y permanente que, aun puesto en duda en su dimensión real, debió bastar para internalizar la norma».

La Cámara declaró además la nulidad del embargo de $400 mil que había trabado el juez de primera instancia Enrique Velázquez a los bienes del efectivo que integra la policía local de Avellaneda y que fue respaldado públicamente por el presidente de la Nación, Mauricio Macri.

El caso generó una fuerte discusión pública que llevó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a impulsar un cambio de doctrina para los casos de enfrentamientos entre delincuentes y policías.

 

Los argumentos más destacados del fallo

  • No es un detalle menor su condición de policía porque lo coloca, necesariamente, en un plano normativo distinto al de un particular en tanto el Estado, para el correcto uso de la fuerza pública, reglamenta su actuación.
  •  Por tal razón su conducta debe ser analizada desde una óptica distinta a la postulada por el juez instructor pues, de estar justificada como pretende, derivó en el cumplimiento de un deber que encuentra su génesis en la ley.
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