Más de treinta asociaciones de defensa del consumidor anticiparon que en los próximos días harán una presentación judicial para “impugnar y anular” la resolución del gobierno de Mauricio Macri que obliga a los usuarios a compensar a las empresas de gas el costo de la megadevaluación por la dolarización de las tarifas de energía.

“Hay gente que la está pasando mal. Esto no sólo afecta a los más vulnerables, también a la clase media que ha quedado sin trabajo o tiene un solo empleo”, criticó la titular la Federación de Mutuales para la Defensa Organizada del Consumo (Fedemuco), Inés Bienati.

La dirigente reveló a Noticias Argentinas que el planteo judicial “para defender al consumidor” será hecho por las organizaciones que forman parte de la Comisión de Usuarios de Enargas, las cuales “son más de treinta”. “Estamos en comunicación con otras organizaciones y estamos en total desacuerdo con la determinación” de la medida lanzada por la Secretaría de Energía.

“Es una barbaridad. Si ya la gente no podía pagar, no quiero imaginar ahora, que hay que abonar un dineral”, cuestionó Bienati y evaluó que las quejas por parte de los consumidores “no constituyen un tema ideológico o de un partido”. “Entiendo que era demasiado barato, pero tampoco estos valores se pueden pagar”, añadió.

Por su parte, la asociación Consumidores Libres calificó a la resolución de “absolutamente abusiva, arbitraria, inconstitucional, y claramente confiscatoria”. El representante legal de la entidad, Héctor Polino, consideró que “los usuarios no tienen que hacerse cargo de los problemas derivados de la devaluación del peso”.

“En todo caso tendría que hacerse cargo el Gobierno nacional a través de recursos que provengan de la recaudación impositiva”, puntualizó el ex diputado, a la vez que sostuvo que “el Congreso nacional debe tomar cartas en el asunto” y “dejar sin efecto” esa medida lanzada por el secretario de Energía, Javier Iguacel.

La provisión del gas natural, remarcó, “es un servicio público esencial que debe llegar a la totalidad de los habitantes del país”, y concluyó que “tarifas deben ser razonables, progresivas, transparentes y proporcionales a la capacidad de pago de los usuarios”.

Fuente: El Sol Digital

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