El fiscal federal Federico Delgado anunció la llegada al país de información reveladora sobre el caso Odebrecht y sus ramificaciones en la Argentina, luego que en los últimos días se logró un acuerdo con la justicia de Brasil para que los empresarios del país vecino declaren como arrepentidos ante funcionarios judiciales argentinos.

“Hay muchas posibilidades de que finalmente la Argentina pueda conocer la información que Brasil sobre quién, cuándo, cómo y dónde pagó coimas en la Argentina para hacer negocios”, comunicó el investigador.

El convenio se firmó entre los Ministerios Públicos Fiscales de cada país y habilita el envío de datos confidenciales, y si es necesario, los viajes de los fiscales argentinos. Según anticipó Delgado, los primeros datos revelan que las mismas personas involucradas en los Cuadernos de Centeno aparecen en el escándalo Odebretch. “Es bastante similar en cuanto a los actores, las fechas, los nombres que dan vuelta por los medios de comunicación con este affaire, veremos cómo decanta, cómo se organiza el tráfico de información y cómo se implementa el acuerdo”, sostuvo.

Además, dijo que en las dos investigaciones “hay muchos puntos de contacto”. “Hay dos delaciones premiadas que dicen lo mismo, cosas muy similares que en los Cuadernos, como el rol de Carlos Wagner y el tráfico del dinero negro. Pero más allá de los delitos, lo importante son los puntos de contacto con el relato, la narración”, adelantó el fiscal en diálogo con radio Cooperativa.

En Brasil las delaciones premiadas tienen “fuerza de verdad legal”, con un régimen muy estrictito, pero en la Argentina los Cuadernos son parte de una pesquisa que recién arranca. Todo lo que dicen debe estar probado y documentado. “Si mienten en una (información) sobre diez automáticamente se caen todos los beneficios obtenidos. (En Brasil) tienen un premio mayor, pero es más estricto a la hora de revisar la veracidad de lo que se dice. No pueden pifiar y tienen que decir la verdad: si hay una coma que no se puede verificar la contrapartida son más de 20 años de prisión y la pérdida del patrimonio, incluso hasta los bienes que consiguieron por los delitos”, advirtió.

Las oficinas de Odebrecht Argentina estaban ubicadas en el piso 32 de la torre ubicada en la avenida Leandro N. Alem 855, del barrio porteño de Retiro.

En este marco, Delgado dijo que lo más “importante de todo” es que los jueces argentinos estén de acuerdo con los fiscales y les prometan a los empresarios brasileños que no van a ser juzgados en Argentina. “Ellos están presos en Brasil y tienen un riesgo grande de que les pase lo mismo acá. El núcleo del acuerdo es garantizarles que la información que van a dar no será usada en su contra, y eso requiere un consentimiento de los jueces, que es lo falta implementar. Dos meses atrás estábamos a 1 kilómetro de la meta, y ahora a 100 metros”, remarcó el fiscal.

Asimismo, se mostró optimista con la entrada en vigencia del convenio y anticipó que en los próximos días habrá novedades. “No creo que demore mucho, Brasil tiene vocación de colaborar, porque parte del acuerdo que hicieron en Estados Unidos los obliga a contar por todas partes del mundo cuáles han sido las trapisondas de Odebrecht. No solo quieren colaborar de buenos, sino por el compromiso ante la SEC”, destacó Delgado, y agregó que los empresarios “tienen la necesidad de contar lo sucedido”.

Odebrecht admitió el pago de sobornos por u$s 35 millones en la Argentina desde 2005 a 2013. En ese período obtuvo contratos por u$s 287 millones. Entre otras obras, se le adjudicó con socios locales los gasoductos Libertador Gral. San Martín y Neuba II (2005); la ampliación de gasoductos 15 provincias (2007); el sistema de potabilización, con dos plantas (2008); una planta de reformado catalítico contínuo (2009); el proyecto potasio Río Colorado en Mendoza (2010); programa de acción para certificación en seguridad, medio ambiente y salud (Petrobras, 2010); Soterramiento del Ferrocarril Sarmiento (2013), y las obras del Foro Regional Eléctrico Provincia de Buenos Aires (2013).

Sobre los informes que llegarán del exterior, Delgado explicó que “van a tener validez de plena prueba”, porque son documentos oficiales, que se envían de Estado a Estado. “Eso no quiere decir que no se puede ampliar” la investigación o los datos aportados, lo haría temblar a más de un empresario argentino.

Delgado reconoció que uno de los principales desafíos del caso Odebrecht será resolverlo en base a la ley, con jueces probos. “Hay que evitar cualquier tipo de manipulación. No podemos desconocer que los imputados son personas de mucho poder económico, de poder simbólico y las correlaciones de fuerza para los sistemas judiciales no siempre son favorables. El desafío para los argentinos trasciende el hecho de corrupción y se inscribe en una decisión de saber si queremos vivir ajustados a derechos o seguir a los saltos”, evaluó.

“Deseo que haya juicios orales pronto, que se puedan corroborar los hechos rápidamente y los que sean inocentes se vayan a la casa y los que sean (culpables) sean juzgados como dice la Constitución. Hay que acostumbrarse a transitar los caminos de la ley, donde los procesos se transiten en un tiempo razonable y que la sociedad conozca el qué, el cuándo y el cómo en un tiempo corto”, añadió.

Un ejemplo de similitudes de causas es el caso AySA, donde el juez Sebastián Casanelloprocesó a empresarios y funcionarios por el delito de defraudación y ahora los está acusando por el delito de coimas para adjudicar la licitación de dos plantas de agua.“Están involucradas las mismas empresas que están ahora en danza. La comunidad entre empresarios y política en la Argentina trasciende a los gobiernos, el actual, el anterior y el anterior. Los hechos de Aysa los puede mirar para atrás y proyectar para adelante. Las causas fijan momentos históricos que tiene que ver con hechos puntales, pero el mapa de relaciones es más amplio”. 

En la causa AySA fueron procesado 19 personas entre los que figuran Wagner, Aldo Benito Roggio, Carlos Biaggini, los representantes legales de las UTE y de las empresas locales que participaron de la licitación.

Pero según detalló Delgado, en otros casos parecidos se involucra también a IECSA e Isolux. “Ángelo Calcaterra está involucrado en una causa conexa a la de AySA, que es la del soterramiento del Sarmiento, y que la tiene otro juez (Martínez de Giorgi) y otro fiscal. Pero tiene muchas similitudes temporales, son los mismos actores, empresarios y funcionarios”, dijo a la emisora AM770.

En esta línea, comparó la cantidad de causas por corrupción con los crímenes por los delitos de lesa humanidad durante la última dictadura y recomendó realizar un superjuicio como sucedió con las Juntas Militares. “Tuvieron muchas opciones y decidieron hacer un gran juicio oral, donde interpretaron las normas de distribución de casos para no replicar en tantas oportunidades pruebas, casos, actores. Deberíamos pensar en armar una mega investigación, que concentre todos estos hechos. Son casos parecidos, con protagonistas, montos, intermediarios, bancos similares, en los mismos países. No hay que cometer el error de replicar y hacer cuatro o cinco veces lo mismo, sino es desgastar a las personas, los empresarios y funcionarios”.

Con más de 40 funcionarios y empresarios detenidos bajo investigación, Delgado aprovechó para reclamar una discusión seria sobre la presión preventiva. “Es un viejo problema, debería ser excepcional. La Justicia somete y no enjuicia. La preventiva debería ser en un caso ultraexcepcional, en cuestiones muy específicas y por un tiempo muy limitado. Hay que tener mucho cuidado que no funcione como una pena anticipada”, alertó, porque según cree, se “trastoca todo el sistema de enjuiciamiento penal” argentino. “Es una herramienta muy útil, pero muy peligrosa”, remarcó.

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