Ante las quejas de usuarios de EDET, la Defensoría del Pueblo intervino en el caso para mediar con la empresa y tratar de hallar una solución. Fernando Said Juri, titular del organismo, afirmó que se reunió ayer con autoridades de la firma y acordó una serie de beneficios para aquellos vecinos que manifestaron su complicación para abonar la última factura de electricidad.

“A toda denuncia que se haga en la Defensoría del Pueblo se le va a dar un plazo de 10 días, como mínimo, para revisar la facturación. Después la empresa se comprometió a otorgar formas de pago en la medida que la gente pueda pagarlo”, dijo el ombudsman en diálogo con este diario.

Según Juri, durante la charla se aclaró que los usuarios que manifestaron inconvenientes para afrontar los pagos representan alrededor del 10% del padrón (en la provincia hay 520.000 clientes) y que sólo el 1% no está pudiendo cumplir con los pagos. Además, ambas partes coincidieron con que en marzo suele haber complicaciones económicas a causa de los gastos que representan el inicio del ciclo lectivo.

La Defensoría del Pueblo desplegó ayer personal en Monteros, Aguilares, Concepción y Alberdi para conocer las problemáticas de los vecinos. En sólo las últimas dos ciudades recibieron unos 1.000 reclamos, según explicó Juri. Además, dijo que la semana pasada trajeron unas 3.000 facturas de electricidad de Alberdi para ser revisadas.

“Tenemos que ver qué salida le damos a esto, porque se está generalizando en toda la provincia, y lo grave es que es con violencia”, dijo Juri.

Respecto a los elevados montos impresos en las facturas, el defensor del pueblo remarcó que las subas fueron autorizadas desde Casa Rosada. “EDET es el cartero que lleva la mala novedad. A ellos le dicen que deben facturar tal cosa, y lo hace. El tema es que se han vuelto inmanejables las cifras”, manifestó.

Juri, además, adelantó que tiene previsto contactos con funcionarios del Gobierno de la Provincia para encontrar una solución a los subsidios de electricidad que se cortaron desde la Nación. “Al haber suprimido los subsidios de la Nación, (lo que llegó) es el precio que hay que cobrar. Sumado a que marzo es un mes crítico, por el inicio de clases, la gente nota más la diferencia”, analizó el titular de la Defensoría del Pueblo.

En diciembre, la Secretaría de Energía de la Nación, que en aquel momento estaba en manos de Javier Iguacel y ahora comanda Gustavo Lopetegui, autorizó una suba de hasta un 35% en febrero (que impacta de manera consistente recién en marzo), totalizando alrededor de un 55% hasta agosto.

Debido a la quita de subsidios nacionales, desde el Ente único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán (Ersept) se había anticipado que la suba para estos clientes iba a estar en el orden del 80%.

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