La división de poderes y la república recibieron un alivio ayer. El respiro llegó de la mano de Roberto López, quien optó por renunciar a la Justicia para dedicarse a la política.

El comisionado comunal electo de La Trinidad dimitió como prosecretario de la Defensoría Oficial Nº 1 de Concepción horas después de que trascendiera que había sido candidato y ganado los comicios pese a la prohibición establecida en la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial. Washington Navarro Dávila, vocal de la Junta Electoral y ministro público de la Defensa, aceptó la renuncia del funcionario judicial y postulante del Partido Proyecto Popular, una línea del peronismo acoplada a la fórmula oficialista victoriosa del gobernador Juan Manzur y del vicegobernador Osvaldo Jaldo.

López había anticipado a LA GACETA su disposición de dejar el puesto en la Defensoría si el plan “A” de pedir licencia sin goce de sueldo hasta 2023 recibía objeciones.

La publicación de su caso, que contrastaba con los antecedentes recientes de integrantes de la Justicia con aspiraciones políticas, apuró los trámites.

El prosecretario no llegó ni a plantear formalmente la solicitud de un permiso para mantener el cargo judicial mientras gestionaba la comuna de La Trinidad. La dimisión emergió como la única alternativa posible para evitar daños mayores y hasta la posibilidad de perderlo todo.

Fuentes de la Defensa comentaron que no había interés en pagar un costo por el comisionado electo y que incluso existieron reproches por no detectar el caso al momento de la presentación de las candidaturas.

López explicó que hizo campaña con una licencia compensatoria (usó días de vacaciones). Según dijo el miércoles, no tenía muy claro si lo alcanzaban las disposiciones de la Constitución y de la Ley Orgánica que vedan la actividad política a los funcionarios de la Justicia para salvaguardar su imparcialidad.

La pregunta es si la renuncia presentada y aceptada este viernes, mientras la Junta desarrolla el escrutinio definitivo, es suficiente para frenar las eventuales invocaciones de la invalidez de la postulación, más allá de que venció el plazo administrativo para objetarla.

Sendero inverso

Para blindarse como comisionado comunal, López podría intentar la receta del difunto Gumersindo Parajón quien, gracias a un fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, pudo combinar su puesto de oficial notificador de la Justicia con una actividad política intensa que incluyó el ejercicio de cargos electivos.

Esa sentencia de los camaristas Carlos Giovanniello y Horacio Castellanos (ya jubilado) interpretó que la prohibición legal fundada en la necesidad de resguardar la independencia judicial no debía ser aplicada a Parajón, que se ocupaba simplemente de comunicar las decisiones y órdenes emitidas por los jueces. Esta jurisprudencia del año 2000 vale solamente para el dirigente y judicial que promovió el juicio, y no sería directamente aplicable a la situación de López porque este tenía una función con mayores responsabilidades en el Ministerio Público de la Defensa y porque desde el 21 de junio ya no pertenece a esa institución.

Las dudas sobre los efectos de la dimisión del prosecretario están conectadas con el momento en el que ese paso al costado ocurrió. En la década pasada, los ex diputados nacionales Esteban Jerez y Alfredo Dato renunciaron a sus respectivos puestos en la Fiscalía Anticorrupción y en la Corte Suprema de Justicia de Tucumán antes de oficializar sus postulaciones políticas, es decir, sin saber si ganarían o perderían las votaciones.

Tanto Jerez como Dato fueron a los comicios desprovistos de las ataduras conectadas a la magistratura y, por lo tanto, habilitados para hacer proselitismo por sus respectivos sectores. En cambio, Roberto López participó de la campaña con la bandera del Partido Proyecto Popular que dirige la justicialista Stella Maris Córdoba mientras mantenía el carácter de funcionario de la Justicia y recién se quitó ese traje casi dos semanas después de cantar victoria, cuando quedó expuesto su caso “raro”.

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