Un año y nueve meses después de recibir las ternas de candidatos para dos fiscalías de Instrucción en lo Penal de la capital, el Poder Ejecutivo de Juan Manzur dispuso la devolución de esas propuestas al organismo que las había confeccionado, el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM). Se trata de un hecho sin precedentes en la década de existencia del órgano encargado de preseleccionar a los jueces, fiscales y defensores oficiales mediante concursos públicos de antecedentes y de oposición. El reintegro de los tercetos tampoco está previsto en la normativa: la Constitución establece que las propuestas son vinculantes para el gobernador mientras que la ley lo obliga a remitir un nombre por vez a la Legislatura hasta que la designación reciba el acuerdo. Después de un debate áspero, el Consejo resolvió oír a los ternados antes de resolver si acepta o no la devolución.

Las ternas en cuestión no pueden dar pie a la cobertura de vacantes judiciales, según Regino Amado, ministro de Gobierno y de Justicia. El 15 de marzo, ese funcionario envió una nota al CAM mediante la que afirmó que no había “candidatos elegibles” y que, por ende, reintegraba los listados a los “efectos correspondientes”. Los concursantes Pedro León GalloFacundo Maggio y Luis Amarillo integran uno de los tercetos mientras que Gallo, Eugenia María Posse y Amarillo componen el otro. Si bien los finalistas se repiten, el Gobierno dispuso de la posibilidad de organizar las designaciones para evitar el callejón sin salida, pero, en lugar de resolver todas las ternas juntas, colocó sucesivamente a Posse en una Fiscalía de Monteros; a Maggio en el Juzgado de Instrucción N°2 de San Miguel de Tucumán y a Gallo en otra Fiscalía de esa jurisdicción. En diciembre de 2017 y en otro giro inesperado, la Legislatura rechazó el pliego de Amarillo. Aunque podía mandar ese nombre dos veces más, Manzur optó por no insistir.

La devolución de las ternas para el Ministerio Público Fiscal a cargo de Edmundo Jiménez generó quejas y críticas en el CAM. Marcelo Fajre, consejero por los abogados de la capital, advirtió que el Gobierno podía servirse de esta opción carente de regulación legal para deshacerse de las propuestas destinadas a cubrir vacantes judiciales en propiedad que no sean de su agrado. “Es un manoseo y un atropello. El Poder Ejecutivo tiene que justificar su actuación a los ojos de la sociedad”, bramó el miércoles en presencia de los consejeros titulares Antonio Estofán (presidente), Luis CossioElena Grellet y Diego Vals, y de los suplentes Carlos SaleIvonne HerediaJulieta TejerizoMartín TelloSilvia Rojkés y Roque Cativa.

La segunda lectura

Si bien la elaboración de los dos tercetos descartados por el Gobierno demandó un desembolso aproximado a $ 1,4 millón (U$S 70.000 según la cotización de la divisa en febrero de 2018), las autoridades del CAM hicieron hincapié en el tiempo transcurrido, y en los perjuicios infligidos al Poder Judicial y a la ciudadanía que reclama justicia. Fajre enfatizó que el Poder Ejecutivo pretendía trasladar al Consejo el incumplimiento de su obligación legal de designar magistrados. “No es un argumento atendible que los ternados ya hayan sido nombrados. Hubo otros candidatos en esa situación en el pasado y el Gobierno no devolvió los tercetos. Además, ninguno de los postulantes había sido designado al momento del envío de las ternas en cuestión”, observó el representante de los abogados de la capital. “Estoy de acuerdo con Fajre”, apuntó Estofán, que, sin embargo, acotó que era necesario que los magistrados permaneciesen en sus cargos durante un plazo razonable antes de volver a concursar (la ley no establece restricciones: de hecho el juez Maggio forma parte, junto a los funcionarios judiciales Carlos López e Ignacio López Bustos, de otra terna para la Fiscalía N°9 de San Miguel de Tucumán recién elevada al Gobierno).

Cossio, representante de los jueces de la capital, advirtió que si el Consejo rechazaba la devolución de las propuestas, las fiscalías podían permanecer acéfalas indefinidamente. “Veamos qué interés (en mantener la postulación) tiene Amarillo, que ya fue rechazado una vez por la Legislatura. Mi criterio es que escuchemos a los ternados y resolvamos qué hacemos. Yo adelanto mi posición a favor de aceptar la devolución”, propuso el juez. Fajre le retrucó: “no estoy seguro de que nosotros debamos salvar el problema. La responsabilidad es del Poder Ejecutivo. Y su nota de tres líneas también puede ser leída como ‘no me gustan estas ternas, traigan otras’”.

Manoseo o despropósito

La discusión viró entonces alrededor de Amarillo, que es el único de los ternados que no pasó el filtro legislativo. Tejerizo deslizó que si bien la composición de la Legislatura no había variado, quizá el oficialismo podía cambiar de opinión como ya había hecho respecto de Maggio (el Gobierno retiró el pliego antes de que la comisión legislativa emitiera el dictamen, pero, luego insistió con el nombramiento y logró la aprobación). “Amarillo puede decir que está cansado, pero eso no resuelve el problema. El Poder Ejecutivo no quiere que se terne a los Amarillos y a los López. Si no lo planteamos, volverá a ocurrir”, pronosticó Fajre, a quien Rojkés objetó por usar la palabra “manoseo”. “¿Te gusta más ‘despropósito’?”, le preguntó aquel.

Sólo el legislador oficialista Cativa salió a defender a Manzur. “Creo que el Ejecutivo está actuando de acuerdo con la Constitución”, dijo. Y añadió que la Legislatura en ningún momento había maltratado a Amarillo. “Se trata de un candidato a fiscal que no pudo contestar preguntas básicas, por ejemplo, cuál es nuestra forma de gobierno. En esa situación, la comisión aplicó el rechazo del pliego previsto en el reglamento”, justificó el consejero por la mayoría legislativa. Grellet, magistrada de Concepción, insistió en la consulta a los ternados y deslizó que estos podían renunciar a su candidatura, idea que finalmente prosperó como paso previo a evaluar otra decisión. Fajre aceptó el procedimiento, pero reiteró su protesta. “Aunque renunciaran, el problema conceptual no desaparecería. ¿Puede el Poder Ejecutivo hacer lo que hizo?”, interrogó el abogado.

Tres respuestas sobre el tema

1- ¿Por qué el Poder Ejecutivo dijo que no tiene candidatos para elegir y devolvió las ternas?

Porque ya designó a tres de los cuatro candidatos y porque la Legislatura rechazó el pliego del cuarto. Esto nunca antes había ocurrido en parte porque primero existían los concursos múltiples que impedían la repetición de postulantes y, después, porque el Gobierno de José Alperovich resolvía al mismo tiempo los tercetos para cargos idénticos.

2- ¿La ley establece la posibilidad de reintegrar los listados de candidatos para la judicatura?

No. La Constitución dice que las ternas elaboradas a partir de concursos públicos son vinculantes para el Poder Ejecutivo. La Ley 8.197 indica que el gobernador puede designar a cualquiera de los ternados y agrega que si la Legislatura no aprueba el pliego remitido, el Poder Ejecutivo debe elegir otro nombre, siempre dentro del listado, hasta que consiga la aprobación.

3- ¿Hay restricciones de tiempo para designar jueces y para volver a concursar?

No. El gobernador puede llenar vacantes judiciales cuando lo considere conveniente (la demora llevó al Colegio de Abogados de la Capital a promover un juicio ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, que aún no tiene sentencia). Tampoco hay limitaciones para concursar: la aceptación de un cargo no implica la renuncia a otros procesos de preselección de jueces.

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