Los empresarios advierten con paralizar todas las obras públicas habitacionales que se ejecutan en la provincia desde este viernes, ante una deuda de la Nación que se remonta a diciembre de 2017.

“Atento a la gravísima crisis que atraviesan las obras que se ejecutan en el ámbito de ese instituto, nos vemos en la imposibilidad de continuar cumpliendo nuestros contratos a partir del 1 de junio”, reza el texto enviado a Noemí Ferrioli, interventora del Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu). Lo firman el arquitecto Roberto Galindo, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción en Tucumán; y el ingeniero Emilio Graña, titular de la Cámara Tucumana de la Construcción.

Los directivos describen, además, cuál es la situación del sector. “Los problemas más urgentes son la falta de pago de los certificados de obra, que en el mejor de los casos se abonaron hasta diciembre de 2017. Esto obliga a las contratistas a negociar los certificados de obra a tasas que hoy superan el 40%”, expresaron en el documento. Se refieren al desagio que deben aceptar para calzar los compromisos de pago de la Nación y obtener recursos frescos en entidades financieras del medio.

En otro tramo, los empresarios se refieren a la falta de respuestas del organismo provincial.

Reuniones en el Gobierno

Consultada por LA GACETA, anoche la interventora Ferrioli confirmó el retraso en el pago de las programas habitacionales que están en ejecución.

La funcionaria, mientras regresaba de Salta de una reunión regional, explicó que la Nación registra una demora en los giros de dinero, pero que confiaba en que el conflicto se destrabaría a la brevedad. “Hoy (por ayer) hubo una transferencia de fondos por certificados de obra”, señaló.

“Vamos a ver qué pasa, pero están demorados los pagos de la Nación. De todas maneras insisto en que hoy (por ayer) se liberaron pagos. Veremos qué solución podemos dar, algo podremos revertir de esta situación”, auguró.

La funcionaria adelantó que hoy se reunirá con el ministro de Economía de la Provincia, Eduardo Garvich; y con la secretaria de Obras Públicas, Cristina Boscarino, para analizar el reclamo de las cámaras empresarias.

Las certificaciones de obra son documentos en los que se detallan las mediciones del avance que reviste el proyecto, según el presupuesto aprobado. En el caso de los programas financiados por la Nación, estos certificados vencen a los 55 de su emisión. En noviembre pasado, se incluyó un artículo dentro de la Ley de Mercado de Capitales que permite a inversores comprar un certificado de obra pública, con el objetivo de que los constructores puedan descargar esos “pagarés” en el mercado en lugar de tener que hacerlo sólo en bancos, financieras o “cuevas”, cuyas tasas de descuento son mucho más elevadas.

El gremio, en alerta

La advertencia de los directivos generó preocupación en el gremio de trabajadores de la construcción. Tras tomar conocimiento de la posibilidad de que se paralicen las obras públicas, el secretario general de la seccional local de la Uocra, David Ramón Acosta, convocó a una asamblea de delegados.

En la sede del sindicato, la Uocra se declaró en estado de alerta y movilización permanente. “Esperamos que esto se solucione antes de que afecte a los trabajadores”, dijo.

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