Tráfico de drogas. Un homicidio. Dos muertes dudosas. Corrupción. Venganza. Miedo. Todo esto forma parte de la intrincada trama de ese infierno que se vive en estos momentos en Villa Urquiza, luego de que se conocieran las denuncias realizadas por los mismos presos. Hay más de una docena de miembros y autoridades del Servicio Penitenciario sospechados de formar parte de esa red que amenaza con destruir la paz en la prisión. Varios de ellos están procesados por la Justicia Federal por la comercialización de estupefacientes y en la justicia provincial afrontan por haber facilitado la muerte de uno de los presos que relató lo que allí sucedía.

Fueron cinco los detenidos que denunciaron en menos de cinco años de lo que ocurría dentro de los muros del vetusto edificio construido en México 1.200. Paradójicamente, la calle tiene el nombre del país que se desangró por la venta de drogas ante la inacción del Estado. Uno murió de manera sospechosa y los otros cuatro claman protección. Saben que después de haber dejado al descubierto esa organización, su vida vale poco.

Los nombres de los involucrados son los mismos. Las circunstancias y lugares también. El modus operandi, a través de los años, fue muy similar: amenazar, perseguir y hasta torturar a los presos que se negaban a comercializar las drogas que les entregaban los guardias. A M.R.P le encontraron 5.000 pastillas de psicofármacos en su celda en 2014. Denunció ante la Justicia Federal que se las había entregado el ex funcionario José Cisterna para que las vendiera y, siempre según sus dichos, desde ese momento comenzó a vivir una pesadilla por haber contado lo que estaba haciendo.

En noviembre de 2017, Fernando Sebastián Medina (31 años), murió asesinado en un patio del penal. En un principio, se pensó que se había tratado de una pelea más entre internos. Pero no, fue mucho más que eso. Medina era otro testigo que en septiembre de ese año, junto a otro preso, identificado como J.T.S., habían demandado a un grupo de guardias por la venta de drogas. El juez de Ejecución y Sentencia, Roberto Guyot, por pedido de la Justicia Federal, ordenó el traslado de ambos a la seccional 7ª para que estuvieran más protegidos. Pero fueron trasladados ilegalmente al penal el 19 de noviembre, tres días antes de que muriera apuñalado.

El sobreviviente declaró ante la Justicia. Lo primero que hizo fue contar que después del asesinato, lo trasladaron sin razón alguna al Hospital Obarrio. “Allí, después de atarme, me pusieron inyecciones que no me dejaban ni hablar. Pero quiero contar todo”, dijo. En su declaración, no sólo ratificó la denuncia en contra de los guardias, sino que también relató otros casos de castigos y muertes como el de Sebastián “Pelao” Acevedo (integrante del Clan Acevedo) que supuestamente se ahorcó el 6 de noviembre de 2017 en una celda del pabellón de Máxima Seguridad. “Nunca explicaron por qué tenía el cinto ahí”, relató el testigo, que dijo que el “Pelao” tampoco quería vender drogas para los drogas.

La fiscala Adriana Giannoni investigó la muerte de Medina y luego envió copias al fiscal Pablo Camuña que le podrían servir para avanzar con la pesquisa de la venta de drogas. Por el crimen decidió imputar a Guillermo Snaider, ex director del Servicio Penitenciario, por incumplimiento de los deberes de funcionario público, ya que no impidió el traslado de Medina y de su compañero al penal.

Mientras que a Cisterna (el mismo que fue acusado de entregar 5.000 pastillas para su comercialización), a Walter Patto y a Claudio González los acusó por haber realizado, supuestamente, maniobras para facilitar el crimen. Entre ellas figuran haber llevado nuevamentea los detenidos al penal sin autorización; haber desprotegido a la víctima y no haber impedido el ataque. Los cuatro acusados, que estuvieron detenidos por el hecho, negaron las acusaciones en su contra cuando declararon.

Además, la fiscala pidió una investigación jurisdiccional al juez Guyot por su actuación en el caso. Eso se produjo después que la Comisión de Juicio Político decidiera archivar en planteo en su contra. El magistrado también desestimó todas las denuncias en su contra.

Escándalo tras escándalo

El homicidio del preso generó cambios en las autoridades del penal. En enero de 2018 asumieron como director el comisario Hugo Juárez (ahora involucrado en la causa Lebbos por haber aprobado el ascenso de Enrique García, comisario de Raco que fue condenado por cometer irregularidades); y como subdirector Juan Carlos Argañaraz, pese que había sido imputado por el fiscal Camuña en la investigación de venta de drogas que fue denunciada por Medina y J.T.S.

En poco más de un año, las cosas no cambiaron en el penal. G.G. A.L.denunciaron que estaban siendo torturados por no querer vender las drogas que les entregaban los guardiacárceles. Señalaron que Argañaraz habría sido el jefe de esta organización. También denunciaron la extraña muerte de Raúl Carrizo (28), que se habría prendido fuego en su celda en enero de 2018 y que también habría sido un vendedor de drogas dentro del penal. “¿Cómo pudo hacer eso si estaba encerrado? No había manera de que ingrese cosas para quemarse solo. Aquí ocurren muchas muertes que no son investigadas”, declaró G.G.

Los familiares de Carrizo habían pedido intensificar la investigación, ya que no creían la versión que les habían dado las autoridades del penal. Les dijeron que el fuego se había iniciado por un cortocircuito y que el calabozo estaba cerrado con un candado que no pudieron abrir.

A.L. involucró en su denuncia a Argañaraz como el que manejaba la entrega de drogas. El fiscal Camuña ya lo había imputado por la investigación que realizó por el testimonio de Medina. El juez Fernando Poviña rechazó que sea citado a indagatoria por no haber pruebas suficientes, pero ahora habría más elementos en su contra. Él, junto a Juárez, renunciaron el miércoles a sus cargos, horas antes de que se conociera el caso.

El ministro de Seguridad, Claudio Maley, señaló que las dimisiones se debían a cuestiones personales porque habían cumplido el tiempo estipulado en el cargo y que no tenía nada que ver con las denuncias de torturas que los detenidos habían realizado. También dijo que la situación en los penales de la provincia era normal. Después, pese a los intentos de LA GACETA, en el Gobierno no volvieron a hacer declaraciones.

Claves
El sistema
Los presos dijeron que recibían marihuana y pastillas en bolsas de consorcio para vender. Recibían una paga y la promesa de protección, pero eran un blanco fácil porque el resto de los detenidos sabían que tenían dinero o drogas.
La paga
Existían varios mecanismos. Algunos recibían dinero, pero no llegaba al 30% de lo que vendían. Otros lo hacían para poder consumir o saldar deudas. También, los guardias extorsionaban a los reclusos: les decían, por ejemplo, que elaborarían informes para que no pudieran acceder a beneficios. Además, vendían para que no les quitaran comida que les llevaban sus familiares.
El método
Los presos vendían porros o envoltorios con cuatro pastillas, cada uno a $100 (costo en diciembre de 2017). Fraccionando, mantenían alto el valor de la droga. La mayor venta se producía los días de visita, cuando varios de los presos recibían dinero.
Sicarios
Los guardias también habrían contado con protectores. La fiscala Adriana Giannoni sospechó que Alejandro Mendoza, el recluso que mató a Fernando Medina, había sido buscado de un pabellón y llevado al sector donde se encontraba la víctima. El supuesto homicida tomó una faca y atacó al recluso que denunció la venta de drogas en el penal. Otro preso contó que debía $1.000 a los proveedores y que cometió el homicidio a cambio de cancelar su deuda.
El líder
Los testimonios apuntan a que cada unidad contaba con un referente que se encargaba de vigilar las operaciones. En el caso del sector 1 y 2, mencionaron a un tal “Rey”.
Silencio forzado
M.R.P., el primero de los detenidos en denunciar la venta de drogas, declaró como testigo en la causa de Medina. Confirmó que ninguno de los guardias hizo algo para detener a Mendoza, y relató que fue agredido por un compañero cuando les recriminó a los uniformados. “Me pegó un cabezazo en el rostro. Me dijo: ‘¿porqué sos ortiva vos?, ¿Por qué lo batís al empleado? Vos tenés que dejar que los presos se maten solos”, declaró ante Giannoni. Al día siguiente, según su relato, fue trasladado a la Unidad de Máxima Seguridad por orden de los directivos del penal.
Celulares
Salió a la luz que cada vez más reclusos tienen celulares en el penal. Los guardiacárceles serían los encargados de entregarlos a cambio de $1.000. Además no se los decomisaría en caso de una requisa. Estos valores fueron dados a conocer entre fines de 2017 y principios de 2018.
Otros servicios
La esposa de un recluso denunció que los guardias castigaban a los presos para después cobrarles por protección. Dijo que pagó entre $7.000 y $10.000 para que su marido pudiera estar tranquilo. También indicó que pedían $7.000 para elaborar informes favorables para ser enviados a la Justicia.
Las requisas
Los presos indicaron que sus familiares eran maltratados cuando los visitaban para evitar que ingresaran drogas u otros elementos para vender. “Molestando a nuestros seres queridos se aseguran que adentro no tendrán competencia”, señaló G.G.
Testimonio clave
Gustavo Morales, defensor de dos denunciantes, confirmó que los presos no hablan por temor a represalias. Indicó que se presentará ante la Justicia Federal para aportar los elementos probatorios que recibió. El fiscal Pablo Camuña lo esperó el viernes, pero no se presentó.

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