La crisis por el cargo extra en las tarifas de gas para cubrir la devaluación solo está parcialmente cerrada. Ya no serán los usuarios los que se harán cargo, pero no cambió el criterio de que corresponde compensar a las petroleras por la diferencia entre el tipo de cambio implícito en las tarifas por el gas consumido entre abril y septiembre, y el que se verificó y se va a verificar entre julio y diciembre.

La deuda así generada y que todavía está lejos de cerrarse quedará a cargo del próximo Gobierno, porque, según se dijo, se empezará pagar después de octubre del año próximo y constará en el presupuesto para 2020.

Sin embargo, será definida por la administración actual. El primer punto aún incierto es si habrá o no una quita del 50% como habían recomendado los representantes de la UCR, pero después casi no mencionado por los funcionarios del Gobierno.

El segundo aspecto, todavía no cerrado, es el monto de la deuda. El número definitivo depende de la cotización del dólar hasta el 15 de diciembre. Esto es así porque las distribuidoras pagan el gas a las petroleras a los 75 días y por contratos firmados en la gestión de Juan José Aranguren, deben hacerlo al tipo de cambio vigente al día anterior al pago. Así, recién el 15 de diciembre se podrá saber a cuánto asciende la diferencia por el gas distribuido y consumido en diciembre, y el monto de la deuda en pesos.

Después faltará ver qué mecanismo negocia la Secretaría de Energía con las petroleras para diferir el pago hasta octubre y en la práctica hasta enero de 2020. Tal como están planteadas las cosas, aunque las distribuidoras son las que tienen la deuda con las productoras, todo indica que las distribuidoras quedarán exentas de la obligación, y que la negociación será entre petroleras y Gobierno.

Una vez abierta esa discusión, habrá que ver cómo se considera el año de gracia, si se toma el monto en pesos y se fija el interés, o si se pasa a dólares. Todo eso no tiene respuesta por ahora, y debe tratarse en medio de una negociación mucho más complicada sobre qué hacer con las diferencias por el tipo de cambio en el futuro.

Las declaraciones del secretario Javier Iguacel son poco claras sobre ese punto. Habló de un seguro de cambio pero no queda claro quién pagará el costo: las petroleras, las distribuidoras, o si se pasa a tarifas de los consumidores cuando se resuelve la actualización semestral que se hace en abril y octubre de cada año.

En todo caso, tampoco queda claro si las eventuales medidas correrán para el actual semestre que va desde el mes actual hasta marzo, para el que el precio del gas fue calculado con un dólar de $37,69. O si las diferencias por el tipo de cambio de este período también engrosarán la deuda del Estado con las petroleras.

Para complicar el contexto, en algunas provincias como Córdoba y Mendoza, entidades de consumidores planean recurrir a la Justicia por los aumentos dispuestos desde este mes porque llegan al 60% para la mayoría de los residenciales y superan el 100% para pequeños establecimientos.

Por otra parte, las transportistas y distribuidoras están disconformes con el cambio en la fórmula del ajuste de sus ingresos que se aplicó para el semestre y anunciaron que estudian presentar reclamos administrativos por ese motivo.

En los contratos por la revisión tarifaria integral para los segmentos de transporte y distribución, firmados también en la época de Aranguren, se prevé que los ingresos de esas empresas se actualicen en forma semestral por la evolución de precios mayorista (IPIM). Pero para esta ocasión, el Enargas resolvió aplicar el promedio simple entre el IPIM, precios de la construcción y evolución del salario.

El cambio de fórmula implicó que el ajuste fuera del 19% frente al 30% que hubiera correspondido por el IPIM. Aunque el Enargas se amparó en un artículo de los contratos que le permite revisar la actualización por el interés de los consumidores, distribuidoras y transportistas reclamarían también una compensación. Entre otros elementos se basan en que para Edenor y Edesur se autorizó en agosto el traslado del 50% del ajuste que correspondía, pero el otro 50% lo percibirán actualizado a partir de febrero próximo.

Todos estos forcejeos se explican porque el gobierno cambió al titular de Energía, pero no modificó ninguno de los criterios impuestos por su antecesor. El único cambio fue una rebaja en el precio del gas fundamentada en los excedentes de primavera-verano que no podrá sostenerse cuando se trate el valor para el próximo invierno, porque Iguacel desestimó la idea de un precio más uniforme del producto para todo el año, pensando que en abril va a instrumentar la tarifa plana. Para entonces, van a aparecer nuevos y mayores problemas, pero antes hay que superar los que van a surgir por lo menos hasta diciembre y los que surjan cuando empiecen a llegar las nuevas facturas.

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