Gobierno solicitó a la Corte finalizar el habeas corpus correctivo

El Poder Ejecutivo tucumano, a través de su Fiscalía de Estado, realizó ayer martes una presentación en el marco del habeas corpus correctivo y colectivo con el fin de que esa acción judicial quede extinguida bajo el argumento de que se vienen cumpliendo las acciones requeridas por el Poder Judicial desde el inicio del procedimiento. En el planteo, se solicitó además la suspensión de la audiencia pública convocada por la Corte Suprema de Justicia para el próximo 19 de febrero.

El habeas corpus, que fuera iniciado por los fiscales Diego López Ávila y Adriana Giannoni en 2015, exigía al gobierno llevar a cabo una serie de medidas tendientes a mejorar la situación de las personas privadas de su libertad así como también de las instalaciones carcelarias y comisarías provinciales.

“Hicimos un análisis de antecedentes jurisprudenciales y concluimos que la Provincia, cumplió con todos los pasos que se dieron idénticamente en los otros antecedentes. Por lo tanto, podemos entender que este habeas corpus ya cumplió su objeto”, explicó la Fiscal de Estado, Eleonora Rodríguez Campos.

“Continuar con el proceso judicial podría afectar la división de poderes y las facultades propias del Poder Ejecutivo. También hicimos un análisis de las que le corresponden al Legislativo, que es el poder facultado constitucionalmente para convocar a los ministros del Ejecutivo para que rindan explicaciones ante su seno”, dijo la funcionaria.

Junto a la presentación del Ejecutivo, también se expusieron los informes requeridos a lo largo de las cinco sentencias que se dictaron en el marco del habeas corpus. Las mismas dan cuenta del cumplimiento de cada uno de los requerimientos. “Estos informes que presenta el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Seguridad, se insertan en un instrumento público como es el expediente”, indicó Rodríguez Campos.

Informes del Ministerio de Seguridad sobre obras en penales y comisarías

El titular de Seguridad, Claudio Maley, comentó que “desde que los fiscales presentaron el habeas corpus correctivo colectivo al gobierno provincial, por anomalías detectadas por el Ministerio Público, sobre la situación de las personas privadas de la libertad, reestructuramos y mejoramos cárceles y comisarías, y presentamos los informes de forma cuatrimestral en audiencia pública, en el marco de la ley de Emergencia ante la comisión de seguimiento.”

Maley remarcó que “actualmente existen 2.150 detenidos, de los cuales 759 se encuentran con prisión preventiva, sin sentencia firme para ninguno de ellos. Creemos que la Justicia debe revisar con urgencia esta situación” y añadió: “Tenemos presos de la órbita federal, de los cuales 92 están con prisión preventiva y 17 condenados”.

“Durante los últimos tres años trabajamos en la recuperación de las instalaciones, sobre todo del penal de Villa Urquiza, el de Concepción y de la Banda del Río Salí. Mejoramos los sistemas cloacales, distribución de redes eléctricas, tableros centrales y sanitarios, entre otros”, dijo el ministro.

“En Villa Urquiza -continuó-, debido al aumento de la población habilitaremos tres galpones más que estarán listos en abril, donde alojaremos 60 personas en cada uno. A su vez incorporamos 24 profesionales para tratamiento de los internos y 6 para hacer seguimiento en forma de patronato y estamos construyendo dos escuelas para educar a reclusos”.

“Buscamos resocializar a quienes están en contexto de encierro, mejorando el sistema en donde se alojan las personas privadas de la libertad, a través de obras y acciones concretas. Estamos cumpliendo con el hábeas corpus tal como la Justicia exige”, concluyó el funcionario.

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