El magistrado Roberto Guyot negó haber sido indiferente a las amenazas de muerte que sufrió el preso Sebastián Fernando Medina y que fueron consumadas el 22 de noviembre en la cárcel de Villa Urquiza. Según Julio Rougés, su abogado, Guyot actuó como correspondía. “No puede responsabilizarse a un juez por las consecuencias de la desobediencia de sus mandatos”, dijo mediante un mensaje de correo electrónico que envió a este diario. Son los primeros comentarios del titular del Juzgado de Ejecución Penal de la capital respecto del homicidio de Medina, hecho que, entre otras repercusiones, generó la reacción de la Sección Argentina del Observatorio Internacional de Prisiones (OIP). Esta organización no gubernamental solicitó la destitución de Guyot. Hoy vence el plazo para responder el traslado de la denuncia dispuesto por la comisión de Juicio Político de la Legislatura.

El juez que llegó a su despacho en 2016, luego de haber sido director del Servicio Penitenciario provincial, manifestó que el homicidio del interno Medina sucedió porque los guardias desobedecieron sus órdenes. El preso había aceptado testificar sobre la venta de drogas en la cárcel, en un proceso penal radicado en el Juzgado Federal N°1 a cargo de Daniel Bejas y cuya instrucción corresponde al fiscal federal N°2, Pablo Camuña. Rougés expresó: “el 8 de septiembre de 2017 dispuso el traslado del penado desde la cárcel hasta la comisaría seccional N°7. Acogió una petición formulada el mismo día por ese pobre hombre. Evaluó, para así decidirlo, que en el penal de Villa Urquiza la vida de Medina corría un serio peligro. El traslado se hizo efectivo cumpliendo en esa fecha lo explícitamente mandado y, fuera del ámbito carcelario, se resguardó la integridad física del penado”.

El letrado de Guyot indicó que en la comisaría N°7 luego desbarataron la protección. “Medina fue ilegítimamente sacado de allí por personal del servicio penitenciario provincial, quienes se alzaron contra un mandato judicial pese a que era evidente el riesgo de que lo asesinaran, como lo había anticipado el propio preso”, dijo. Y agregó que la responsabilidad por la seguridad y la integridad de los penados es del servicio penitenciario provincial: “máxime si ilegítimamente hicieron reingresar a Medina en la cárcel”.

Rougés, que en su momento asesoró al camarista Eduardo Romero Lascano, el juez que más cerca estuvo de ser enjuiciado con el mecanismo de destitución instituido en 2006 (finalmente detuvo el proceso), observó que las decisiones de Guyot constan en el expediente del hábeas corpus.

Graciela Dubrez, presidenta de la OIP, consideró que el juez incurrió en mal desempeño al no actuar frente a una carta manuscrita por Medina en la que este advertía el asedio de sus verdugos. “No obtuvo respuesta”, dijo y afirmó que mientras se tramitaba el hábeas corpus mencionado, el reo era asesinado en la cárcel. Dubrez también denunció a Bejas y a Camuña por el supuesto incumplimiento de la protección que habían otorgado al preso.

El homicidio de Medina impactó en el Servicio Penitenciario que depende del Gobierno. Guillermo Snaider renunció a la Dirección de Institutos Penales inmediatamente. Y a comienzos de enero se entregaron a la Justicia el jefe del Departamento de Personal, Walter Pato, y Fernando Cisterna, responsables de las unidades 1 y 2 del penal de Villa Urquiza. Ellos y otros agentes e internos son investigados en la Fiscalía de Instrucción en lo Penal N°8, en la causa penal que abrió la fiscala Adriana Giannoni para esclarecer el homicidio.

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