La figura del auxiliar de fiscal recibió el respaldo de Edmundo Jiménez, ministro público fiscal de la provincia. Jiménez dispuso la creación del Cuerpo de Auxiliares de Fiscal para la atención de los juicios de robo y hurto, y de “otros delitos afines” que tramiten en la Cámara Penal de la Capital mediante una resolución no divulgada en forma oficial. La decisión emitida el 11 de marzo consigna que esta nueva estructura procurará atacar la impunidad de hechos ilícitos contra la propiedad que suelen ser postergados por el tratamiento de delitos prioritarios. El aval otorgado al auxiliar nombrado sin concurso para desarrollar tareas de acusación asignadas al fiscal en propiedad llega en un momento crítico para aquella figura. A los reparos formulados por algunos jueces se sumó esta semana la decisión del Colegio de Abogados de la Capital de solicitar la declaración de inconstitucionalidad del auxiliar (se informa por separado).

“Existe una carencia de recursos humanos suficientes para dar tratamiento a las causas (de robo y de hurto), ya sea por razones de hecho, fuerza mayor, vacancias, exceso de audiencias o, en definitiva, por el inadecuado procedimiento existente, situación que tiende a ser remediada con la implementación del nuevo Código Procesal Penal”, expresó Jiménez en la Resolución 6/2019. El jefe de los fiscales consignó como antecedente para la creación del Cuerpo de Auxiliares especializado en el juzgamiento de delitos contra la propiedad “un pedido de colaboración” emanado de la Sala II de la Cámara Penal. A modo de justificación, el ministro público mencionó el aumento sostenido de los arrebatos; la priorización de los delitos más graves (como homicidios y abusos sexuales), y el congestionamiento de las fiscalías y de los tribunales de juicio. “Todo ello acarrea la prescripción de las causas, favorece la impunidad (de los ladrones) y alimenta la máquina burocrática con numerosas causas irresolutas donde la víctima resulta la principal perjudicada del sistema judicial”, añadió Jiménez.

La Resolución 6/2019 explicita que los auxiliares de fiscal del organismo en cuestión actuarán a partir de delegaciones de los fiscales titulares. La decisión no precisa cuántos funcionarios integrarán la nueva dependencia ni si a ella se sumarán los ya nombrados, que prestan servicios en las distintas unidades del Ministerio Público Fiscal.

El instituto del auxiliar nació en 2017 con la sanción de la ley que dividió a los ministerios públicos, y los emancipó de los controles que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán ejercía sobre el personal y el presupuesto. La normativa otorga al auxiliar funciones de asistencia al fiscal titular, que es elegido por el mecanismo constitucional, pero la reglamentación de Jiménez permitió a este colaborador llevar adelante por sí mismo tareas de acusación, como solicitar detenciones y allanamientos. El auxiliar es elegido en forma discrecional por el ministro público. Las designaciones no son publicitadas.

Al menos cuatro jueces consideraron que el asistente en realidad actúa como un reemplazante pleno del fiscal, pese a carecer de los atributos constitucionales. Las objeciones llevaron a la fiscala Adriana Giannoni a plantear un per saltum para que la Corte se expida sobre la figura. La semana pasada, el vocal Antonio Estofánanticipó que no tenía dudas acerca de que el auxiliar debía ser elegido por concurso.

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