A menos de que ocurra un hecho imprevisto, la causa que pretendía esclarecer si 27 legisladores recibieron coimas a cambio de habilitar la reforma constitucional en 2002 terminará cerrada sin la comprobación de las denuncias. El expediente en cuestión fue encontrado abajo de un armario del Juzgado de Instrucción en lo Penal N°5 de esta capital, con una sentencia de 2010 que declaró la nulidad del pedido de sobreseimiento que no había sido comunicada (se informa por separado). El 28 de marzo pasado, la jueza Carolina Ballesteros resolvió que los imputados y la fiscala Mariana Rivadeneira (N°1) se expidan sobre la subsistencia de la acción penal, que no prescribió porque algunos de los funcionarios siguieron ocupando cargos públicos hasta la actualidad. El próximo paso sería el cierre de la causa con 17 años de antigüedad, con el argumento doctrinario de que venció el plazo razonable para dilucidarla.

Ballesteros, que asumió como titular del Juzgado N°5 el 8 de febrero, dispuso asimismo la notificación de la resolución de su antecesora en el cargo, Mirta Lenis de Vera (se jubiló en 2016). Además, ordenó la incorporación de los proyectos de cédulas sueltos, sin firmas ni diligenciamiento, que encontró la secretaria Karina Rivera el 8 de marzo pasado. En su informe, la actuaria consignó los siguientes datos: “hecho del 22 de febrero de 2002; cantidad de fojas: 4.723; cantidad de cuerpos: 24 (…); último acto procesal: sentencia de 2010 que declara la nulidad del requerimiento de sobreseimiento; fecha de ingreso al juzgado: 27 de diciembre de 2007; último movimiento: 4 de septiembre de 2014. Observaciones: entre las fojas del expediente se encontró un número considerable de proyectos de cédula de notificación de la sentencia de 2010 sin firma y sin diligenciamiento”.

La causa abierta en 2002 por iniciativa del hoy concejal y candidato Ricardo Bussi(luego acumuló otras denuncias) forma parte del conjunto de 250 procesos paralizados que identificó Ballesteros y que constan en la veintena de notas remitidas a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. En ese universo hay al menos 13 actuaciones sobre pornografía infantil sin trámite, que dieron lugar a la presentación de una denuncia penal. Al día siguiente de la divulgación de ese hallazgo concreto, la Corte envió a los auditores Agustín Ladetto y Mariana Tasquer. Previamente, la jueza había solicitado el traslado del secretario Carlos López y del prosecretario Demetrio Kuchimpos, que pasaron a prestar servicios en otras dependencias del fuero penal. Tanto López como Kuchimpos atacaron a Ballesteros y manifestaron que la habían denunciado en sede administrativa. El secretario López incluso atribuyó la situación a una maniobra que buscaba desprestigiarlo en momentos en los que encabeza la terna para cubrir la vacante de la Fiscalía de Instrucción en lo Penal N°9 de esta capital.

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