Según la «Orden de Operaciones del Comando de la Fuerza de Submarinos» N° 04/17, fechada el 24 de octubre de 2017,  el submarino ARA San Juan debía «obtener reconocimiento preciso» y «localización, identificación, registro fotográfico/fílmico» de aeronaves militares y logística (RAF 130) que responden a la gobernación de las Islas Malvinas y a la Real Fuerza Aérea británica. El escrito precisa que debía recolectar información sobre varios buques, entre ellos el «BP CFL HUNTER», el «HMS CLYDE» y el «FPV PROTEGAT».

Esa información fue caratulada como “confidencial” por la Armada. Además de fiscalizar la presencia de pesqueros extranjeros, la tripulación debía realizar inteligencia sobre parte de la flota y la aviación de guerra y comercial inglesa con base en las Islas Malvinas.

En el marco de esas operaciones no se descarta que el buque de guerra argentino haya sido detectado fuera de la zona económica argentina por naves de patrullaje británica. De manera que podría haber sido interpretado como una invasión, ya que es considerada una zona de conservación pesquera de Malvinas.

Esta podría ser una de las razones por las cuales el ARA San Juan era vigilado de cerca en una misión anterior por un submarino nuclear, según surge de los reportes confidenciales publicados por este medio la semana pasada.

De acuerdo a estos documentos, al submarino argentino se le ordenaba expresamente que violara el artículo 111° de la Convención de la Naciones Unidas Sobre el Derecho del Mar (Convemar), que delimita el derecho de persecución. No existen documentos oficiales que determinen si el ARA San Juan cumplió con esta directriz en la misión en la que desapareció. Sí, en cambio, en su penúltima navegación.

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