¡Reforma electoral! Fue el grito excluyente de 2015, la exigencia que afloró en Tucumán después de los polémicos comicios provinciales de ese año, en los que ocurrió de todo, hasta lo inimaginable: clientelismo, candidatos a rolete, acoples de a cientos, urnas quemadas, denuncias de irregularidades en los centros de votación y una pronta anulación de la elección por parte de una sala de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. E, igualmente, una revisión y análisis acelerado de la medida que culminó con el rechazo de aquella resolución judicial y con el reconocimiento de la legalidad de los comicios por parte de la Corte Suprema de Justicia. Luego, hasta el máximo tribunal de la Nación coincidió con este fallo.

En medio de días de zozobra y de incertidumbre política e institucional, que repercutieron en el plano internacional y nacional -el macrismo lo usufructuó en la votación posterior-, hubo decenas de manifestaciones callejeras, unas en contra del oficialismo frente a la propia Casa de Gobierno y otras en favor del peronismo en el parque 9 de Julio. Multitudinarias ambas, una que otra con final de corridas y ensangrentados. No faltó la violencia.

Peor imagen, imposible. Una grieta social que le clamaba a la clase política que para evitar nuevos conflictos encarara una urgente una reforma política que transparentara y eficientizara los sistemas de control comicial. Demanda de una profunda reforma electoral con todas la letras. Hubo un “Tucumán dialoga”, impulsado por el Poder Ejecutivo en 2016, donde organizaciones políticas, profesionales y sociales hicieron propuestas para que 2015 quedara como un mal recuerdo; una mancha para el olvido en la vida democrática de la provincia.

La intención fue impedir repeticiones y para que los comicios de este año no surgieran las mismas equivocaciones. Sin embargo, y pese a unas pocas iniciativas del oficialismo en pos de mejorar el proceso eleccionario -como la eliminación de los partidos municipales y comunales-, no se han erradicado las conductas que, justamente, llevarán al desborde de boletas en el cuarto oscuro el 9 de junio, lo mismo que en 2015.

¿Cómo es posible si sólo han quedado legalizados un centenar de partidos políticos provinciales para actuar en una votación? El ingenio electoral no descansa. La cifra para los acoples puede haberse reducido pero, matemáticamente, las combinaciones de boletas pueden ser muchas.

Por ejemplo, se dice que en algunas comunas habrá 17 colectoras para la fórmula Manzur-Jaldo. No sólo significa que hay 17 candidatos a comisionados rurales enfrentados entre sí -que le sumarán votos al Frente Justicialista por Tucumán-, sino que habrá 17 siglas de distintos partidos plantados para la lucha en las urnas. ¿17 ideologías distintas?

Si en el resto de las organizaciones opositoras sucediera algo similar y se multiplicaran los acoples para el resto de los binomios gubernamentales -calcular que existen 100 partidos habilitados para participar en la elección-, en el cuarto oscuro de una comuna podría haber docenas de boletas. No sería, precisamente, una situación para favorecer y simplificar la elección del ciudadano.

Implicaría una repetición de lo que pasó en 2015, donde llegó a haber 150 listas de candidatos en un aula de votación. Sucedió en Tafí Viejo. Entonces, ¿dónde está la deficiencia de la reforma electoral?, o bien ¿por dónde se debe atacar este “enamoramiento” por el “acoplamiento” electoral que no les facilita la vida a los votantes y al sistema democrático?

Antes de ensayar una respuesta cabe detenerse en otro detalle que viene a ratificar que resultó bastante poco lo que se hizo en materia de forma política. En 2015, según la planilla oficializada de postulantes a los distintos cargos políticos, había inscriptas 25.537 personas. Si los comparamos con los 50.000 candidatos de 1999 que estaban amparados en el sistema de sublemas, implicó un avance cuantitativo en materia de reducción de la oferta electoral.

Sin embargo, resulta que hasta el viernes a la medianoche, con el sistema de acople en vigencia y con la eliminación de 500 organizaciones políticas -entre municipales y comunales-, se habían registrado 15.500 candidatos para competir el 9 de junio. Considerando que el plazo de presentación final vence mañana a las 20, se puede pensar que la cifra total de postulantes puede rondar entre los 18.000 y los 20.000.

Todo ciudadano tiene derecho a aspirar a una representación política o a iniciar y consolidar una carrera política, pero el sistema electoral actual sólo facilita y permite que se “rellenen” las listas con personas que resultan finalmente unos presta apellidos para cubrir los últimos puestos y las suplencias en una boleta.

Es porque a los principales referentes territoriales sólo les interesan los dos primeros lugares en los circuitos municipales o los primeros cinco en las secciones electorales. Los salibles. El acople lo hizo. No es que sea malo conceptualmente, sino que le encontraron los flancos débiles para sacarle partido en función de los intereses personales y sectoriales.

Las reglas electorales no se pueden modificar a mitad de un proceso electoral; no se puede cambiar de caballo a mitad del río, como dicen. Y al peronismo, especialmente, le sienta cómodo este régimen político. El resto debe adecuarse a las reglas electorales que les impone.

No es el mejor sistema, es lo que hay, y debe ser mejorado o reemplazado no sólo para facilitarle la elección al ciudadano -que verá cientos de ofertas electorales en los cuartos oscuro- sino también para mejorar la calidad de representación de los partidos políticos.

Hoy, estas estructuras son meras siglas vacías al solo servicio de unos pocos dirigentes; algunos de cuales hasta llegan a manejar de a cinco a la vez. La cantidad de candidatos que se van registrando revela que no se avanzó mucho y que poco se hizo en materia de apostar a mejorar la calidad de las instituciones. Una deuda que quedará pendiente para dentro de cuatro años, lamentablemente.

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