Los empresarios del transporte público volvieron a la carga para solicitar una actualización de la tarifa y una serie de medidas para sanear la situación económica de las empresas, afectadas por la devaluación de la moneda nacional, la transición en el sistema de subsidios y la suba del combustible. El último aumento del boleto en San Miguel de Tucumán se otorgó en marzo, cuando se lo llevó a $ 19,30.

Los apoderados de empresas que explotan seis de las 14 líneas urbanas (el 43% del mapa de líneas), solicitaron por escrito al Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán y a la Dirección de Tránsito y Transporte del Poder Ejecutivo Provincial un petitorio con medidas urgentes: actualización de tarifas, del monto de los abonos y también exenciones impositivas. Entre los firmantes se encuentra Jorge Berreta, vicepresidente de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat).

El presidente del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán, Armando Cortalezzi, aclaró que el pedido todavía no fue debatido en la comisión de Transporte, pero ya sentó postura: “la discusión por la tarifa, del boleto o de los abonos, está totalmente cancelada este semestre. Y diría que hasta que termine octubre también”.

Reclamo de las firmas

La nota remitida Cortalezzi, solicita que “se actúe en concordancia al artículo 26 de la ordenanza 400/79, y se fije la tarifa de acuerdo a los reales costos de explotación”. El escrito, que ingresó el 16 de abril, solicita también que “se actualice el precio de los abonos (de boleto social) y abono estudiantil”, y que se exima el pago de “tasa municipales a las empresas urbanas y a aquellas que operan en el área metropolitana y recorren el ejido municipal”.

El principal argumento de los apoderados Analía de Ingalina de Mollica (firmas Cerro Pozo y Puesto Nuevo, que explota las líneas 12 y 6); Vicente Lupo (El Ceibo y Transporte de Servicios SRL, por las líneas 7 y 5) y Berreta (Leagás, por la línea 10), entre otros, es un artículo de la ordenanza de Transporte, que data de la última dictadura (400/1979). El apartado 24 expresa que “las tarifas del Transporte Urbano Colectivo de Pasajeros serán fijadas por el Departamento Ejecutivo teniendo en cuenta que estos sean reflejo real de los costos de explotación”. Los empresarios insisten en que la ecuación económica llevaría al colapso de las firmas.

“En el marco de una economía general en crisis con una inflación interanual del 49,3%, el incremento sostenido de los valores del combustible, de insumos y de otros conceptos que hacen al costo de explotación, llegó a las tarifas a un desfasaje desmedido que se profundizó con la disminución y quita de subsidios nacionales”, sostuvieron los empresarios en el escrito. Y agregaron: “si bien la Provincia ha otorgado subsidios a las firmas, el monto resulta inferior al que oportunamente nos otorgaba el Gobierno nacional. Ante este panorama no puede comprenderse la razón por la cual no se actualiza adecuada y legalmente las tarifas, haciendo presumir que se tata de una cuestión política con fines ajenos a sostener el funcionamiento del servicio esencial de transporte”.

El pedido de los empresarios girado al Poder Ejecutivo, justifica su reclamo en el artículo 29 de la ley 6.210: “las tarifas serán justas, razonables y cubrirán los gastos de explotación y un adecuado margen de ganancias”. Los empresarios de Aetat informaron que, sin exención de tasas e impuestos ni incremento de subsidios, la tarifa debería rondar los $ 40.

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