egislatura: discutirán sobre inseguridad, impuestos y el servicio de agua

En la previa a los festejos por Navidad y Fin de Año, los legisladores cierran hoy -en los hechos- el período ordinario de sesiones de 2018, el 113° de la historia del cuerpo legislativo.

No habrá demasiado margen para los saludos y los buenos deseos. El temario, que tiene más de 20 proyectos de ley para su tratamiento, contiene asuntos que avivarán las discusiones en el recinto.

La inseguridad, los impuestos y el servicio que presta la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) son algunos de los tópicos que generarán tensión y opiniones cruzadas en el recinto, según se desprende de los debates preliminares en las comisiones permanentes.

Las cifras rojas del delito en Tucumán motivaron que el gobernador Juan Manzur y su ministro de Seguridad, Claudio Maley, elevaran un paquete de propuestas al Poder Legislativo para tratar de fortalecer las tareas preventivas de la fuerza provincial. La primera de ellas llegó como decreto de necesidad y urgencia (DNU), por lo que sólo puede ser aprobada o rechazada -no modificada-, y apunta a la habilitación para la compra de armas y equipos por 8,48 millones de dólares (más 714.000 dólares en concepto de IVA). La operatoria, que se realizará a través de una firma radicada en Buenos Aires, permitirá la adquisición de elementos de origen israelí. Entre ellos, 4.000 chalecos blindados, 4.000 pistolas Jericho 9 mm, 100 escopetas calibre 12/79, 50 rifles de asalto Tavor X95, 20 subfusiles Uzi Pro, 20 lanzagranadas IWI GL40 y cuatro equipos de francotirador. La Provincia pagará el 35% en efectivo antes de que cierre el mes, mientras que el resto será saldado con cheques diferidos hasta diciembre de 2019. “Resulta menester adquirir en forma directa equipamiento de ultima tecnología para la protección del personal policial en particular y el cuidado de la ciudadanía en general”, expuso el gobernador sobre esta medida, que está enmarcada en el estado de emergencia en seguridad.

La segunda iniciativa del paquete contra el delito promueve la creación de los cuerpos de policías municipales. Este proyecto permitirá que, si los concejos deliberantes se adhieren, los uniformados de cada localidad -hoy denominados vigías- puedan portar armas de fuego, como los integrantes de la fuerza provincial. “Se torna necesario que el municipio asuma nuevo protagonismo en materia de seguridad comunitaria, mediante la ejecución de políticas y planes, coordinación, evaluación de resultados y generación de mayor sensibilidad a los problemas concretos en esta materia”, señala la exposición de motivos.

El tercer punto es la sanción del “protocolo Maley” (ver nota por separado), que regula los parámetros y condiciones para el uso de la fuerza para la Policía de la Provincia. El objetivo es que el uniformado tenga presentes una serie de lineamientos ante la comisión de un delito en la vía pública. Además, prevé la habilitación para que, de manera oficial, los policías puedan contar, dentro de su equipamiento, con armas eléctricas -como las pistolas Taser- y dispositivos de gas picante en aerosol.

Consenso Fiscal

La comisión de Hacienda, que preside el oficialista Juan Antonio Ruiz Olivares, emitió una decena de dictámenes. Sobresale entre ellos otro proyecto de la Casa de Gobierno, en este caso, para modificar el Código Tributario de la Provincia según los lineamientos impositivos pautados con el Gobierno de la Nación. A partir del Consenso Fiscal rubricado en 2017 entre Manzur -y otros gobernadores- y la administración del presidente, Mauricio Macri, se avanzará con una reducción impositiva en distintas ramas. Las nuevas alícuotas comenzarán a regir a partir del 1 de enero próximo. En el rubro Electricidad, Gas y Agua, la baja prevista en las alícuotas por el Gobierno provincial para Ingresos Brutos será del 5% actual al 3,75%. Esto incluye la generación de energía hidráulica, térmica, nuclear y la distribución de energía eléctrica. En el caso del transporte, el servicio urbano regular de pasajeros, los de taxis y remises, el de transporte escolar y los servios de transporte automotor urbano de oferta libre de pasajeros tributarán con una baja de un punto porcentual respecto de lo que pagan en la actualidad, es decir, del 3% al 2% para 2019, según la iniciativa oficial. El proyecto oficial prevé, entre otras medidas, la adecuación del importe fijo previsto en la Ley Impositiva para el Impuesto a los Juegos de Azar Autorizados. Así, se establece que el gravamen establecido para las boletas de quiniela pasará de $ 0,05 a $ 2.

Ley “SAT”

El servicio que presta la SAT será otro punto que generará cruces, teniendo en cuenta que la oposición elevó varios proyectos y pedidos de informes sobre ese tema en el último tiempo. A partir de otro proyecto del Ejecutivo, se prorrogará hasta el final de 2019 la excepción a la Ley de Administración Financiera que permite el envío de aportes no reintegrables del Estado provincial a la Sociedad Aguas del Tucumán, con el objetivo de financiar obras y equipamiento. A lo largo de 2018, la empresa de participación estatal mayoritaria recibió una inyección superior a los $ 170 millones de la Provincia.

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