Los médicos del Servicio de Tocoginecología del Hospital Eva Perón (del Este) se habían opuesto a la cesárea de la niña de 11 años horas antes de que el médico particular José Gijena la practicara con la asistencia de su esposa, la también ginecóloga Cecilia Ousset (ver por separado la entrevista a este matrimonio). Los especialistas del Eva Perón desaconsejaron la cirugía en atención a que, según su criterio, esta implicaba riesgos para la vida de la víctima de la violación. La oposición consta en la nota del 26 de febrero que los facultativos dirigieron a Elizabeth Ávila, directora del Hospital del Este. En la madrugada del día siguiente, Gijena extrajo una neonata de alrededor de 650 gramos, que falleció este viernes 8 de marzo por una complicación respiratoria.

El texto lleva la firma de la jefa del Servicio, Tatiana Obeid, y de otros 17 colegas, y se difundió por redes sociales. “Queremos ponerla en conocimiento sobre nuestra postura respecto de la práctica que se pretendería realizar a la paciente embarazada de 11 años que se encuentra internada en nuestro hospital cursando un embarazo de 25 semanas de edad gestacional”, dijeron a Ávila. Y añadieron que se habían enterado de que la interrupción legal del embarazo era inminente. “Debido a la avanzada edad gestacional se trataría de un parto inmaduro con un feto vivo de peso aproximado de 650 gramos”, calcularon los médicos. A continuación afirmaron: “dicha interrupción, en atención a las condiciones obstétricas de la paciente, debería realizarse por operación cesárea (…) y es alta la posibilidad de que nazca (un feto) con vida. Consideramos que el Servicio de Neonatología del Hospital no categorizaría, según normas vigentes, con la complejidad (requerida) para la recepción de un recién nacido de esas características”.

Los médicos ginecólogos del Estado advirtieron que la existencia de la niña estaba en peligro. “Debemos poner de manifiesto que la práctica de una cesárea en una menor de 11 años pone en grave riesgo su integridad física y psíquica con una alta probabilidad de ocasionar daños irreversibles, y que hasta puede ocasionar su muerte”. En consecuencia, el Servicio de Tocoginecología notificó a Ávila que no recomendaba la cirugía “desde el punto de vista médico”. “Por ello manifestamos nuestra oposición a su ejecución”, expresaron los profesionales. Y observaron que, en el caso de que se decidiese seguir adelante, el Hospital debía contratar a médicos externos “dispuestos a su ejecución”. Por esa razón, Gijena y Ousset terminaron haciendo la interrupción legal del embarazo que la niña denominada “Lucía” y su madre habían peticionado por escrito el 25 de febrero.

El embarazo había sido detectado a finales de enero, a partir de una consulta por molestias abdominales en el Centro de Atención Primaria de la Salud de la localidad de “7 de Abril”. La niña luego admitió que había sido violada por su abuelastro. Por esta razón, Eliseo Víctor Amaya está privado de la libertad en virtud de la orden de la fiscala Carmen Reuter. En paralelo, la fiscala Adriana Giannoni inició de oficio actuaciones relativas a un supuesto homicidio: en ese ámbito, el 11 de febrero informó a Ávila y al personal a su cargo que estaban obligados por leyes provinciales a proteger la salud desde la concepción. Y les advirtió que podrían enfrentar consecuencias penales si no comunicaban al Ministerio de la Defensa los malos tratos infligidos a los menores de edad. Giannoni expresó: “(les notifico esto) bajo apercibimiento de incurrir en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

UN TEMA DIFÍCIL DE ABORDAR EN FORMA RACIONAL

¿Por qué cuesta tanto tratar el caso de la niña de 11 años embarazada tras un abuso sexual? Una respuesta posible es que el tema suele ser abordado desde las emociones y las creencias, y no de manera racional. El drama exige un análisis riguroso, pero la agresividad termina imponiéndose en todos los debates.

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