Nadia Gisella Fucilieri podría volver a la cárcel para cumplir con la prisión preventiva, mientras espera la confirmación del juicio oral por homicidio de sus dos hijos. Es que la Cámara de Apelaciones en lo Penal dictó la nulidad de la audiencia oral realizada el 13 de diciembre último, en la que se le había otorgado a la acusada el arresto domiciliario y el uso de una tobillera electrónica. Ante la resolución oficial, la defensa y la querella avizoraron un nuevo acto procesal, con nuevos jueces a cargo. Ello llevaría a una revisión o la ratificación de la modalidad de detención, según las previsiones de las partes.

La Cámara, por mayoría, hizo lugar al planteo de nulidad del fiscal de Apelaciones, Alejandro Noguera, que había considerado que el proceso “vulneraba el efectivo derecho de defensa”. El representante del Ministerio Público Fiscal fundamentó su posición, al argumentar que la Secretaría de la Cámara había notificado 24 horas antes la realización de la audiencia y no dos días de antelación, como lo contempla el Código. Además, Noguera remarcó que el acto se había llevado adelante sin su presencia, ante esas circunstancias. La resolución ha sido avalada por la jueza Wendy Adela Kassar y por su par, Emilio Páez de la TorreEnrique Pedicone votó en disidencia.

Entre sus fundamentos, Kassar aclaró que “el excesivo rigor” procesal del fiscal (por fecha de notificación y la antelación “exigida) no era excusa válida para la incomparecencia en la audiencia. Sin embargo, sustentó su posición en las garantías procesales: el MPF da garantía al proceso.

Las partes recibieron ayer las cédulas de notificación de la sentencia. En particular, el defensor de la imputada, Carlos Días Lannes, expresó su rechazo a la medida y adelantó que presentarán un recurso de Casación. “Es prematuro hablar de que mi defendida vuelva al penal. No es una cuestión terminada”, remarcó.

El letrado cuestionó el último fallo, al valorar que implicaba una contradicción. “Los mismos jueces que convalidaron la prisión domiciliaria por unanimidad y mediante una sentencia, hoy vuelven sobre sus actos, sobre lo que han decidido, aunque esta vez por mayoría. Declararon una nulidad absolutamente improcedente por presiones del Ministerio Público Fiscal (MPF)”, enfatizó.

“Que los fiscales digan que han sido mal notificados, cuando existió una cédula sobreescrita, de la que nadie se hizo cargo por su falsedad. Ese es el motivo que invocaron para declarar la nulidad. Se trató de un puro ritualismo”, remarcó. “Acá, lo que interesa es que las partes vayan a las audiencias. Así como los abogados dejamos nuestros compromisos particulares, profesionales y académicos, los fiscales también tienen que estar disponibles, sobre todo porque sí fueron notificados”, prosiguió.

Silvia Furque, abogada de Aldo Martínez, padre de los menores, estimó: “la defensa puede plantear Casación, pero todavía no hay una sentencia definitiva. En principio, se haría una nueva audiencia con otro tribunal, elegido por sorteo”.

El 4 de octubre de 2017, Marcelino y Pía del Rosario fueron asesinados con un bisturí. Un pariente encontró a los niños sin vida y a su madre, la acusada, con sangre y en estado de shock.

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