En los próximos días, otro grupo de reclusos no sólo aportaría más pruebas para demostrar cómo funciona el negocio ilegal, sino que además relataría la persecución que sufre o sufrió por no haber aceptado comercializar estupefacientes que les habrían entregado los guardiacárcles.

Sebastián Medina, en setiembre de 2017, fue el primero que se presentó ante el fiscal federal Pablo Camuña para hablar del tema. Dos meses después fue asesinado en el patio del penal, después de haber sido trasladado ilegalmente desde una comisaría, donde estaba siendo protegido, a la unidad carcelaria.

En enero pasado, los internos Gonzalo Giri y Atanacio Ledesma fueron golpeados después de que revelaran ante la Justicia datos sobre el tráfico de drogas en el penal. Ellos habrían asegurado que el sector de la panadería era por uno de los lugares donde se hacían ingresar los estupefacientes.

Menos de dos meses después de que proporcionaran esa información, personal de la Dirección de Institutos Penales secuestraba unas 2.000 pastillas. Las había intentado ingresar un empleado civil del establecimiento donde se fabrica el pan. El acusado, según trascendió, podría tener algún tipo de parentesco con un guardiacárcel que fue mencionado en las denuncias que realizaron los reos.

Giri y Ledesma, a mediados del mes pasado, se volvieron a presentar en la Justicia Federal para ampliar su denuncia contra el personal penitenciario. Los reos volvieron a ser castigados y, después de que se movilizaran la Justicia Federal y la ordinaria, fueron trasladados a dependencias policiales por cuestiones de seguridad. También se aceleraron las gestiones para que ingresaran al Programa Nacional de Testigos.

El lunes se conoció otro caso, el del interno que denunció haber sido abusado sexualmente. Sin embargo, este aún no declaró ante el fiscal Camuña y espera hacerlo en las próximas horas, según dijo su defensor Gustavo Morales.

Sí lo hizo otro interno, que respaldaría las versiones que dieron Giri, Ledesma y el que sufrió el ataque sexual. También habría dicho que varios compañeros de encierro perdieron los beneficios de trabajar en los talleres por haberse negado a comercializar drogas en el interior del penal. Él mismo habría relatado que, de pasar a ser un hombre de confianza para los guardias, terminó encerrado en la unidad de Máxima Seguridad. Cuando se conoció que había declarado ante Camuña, lo ubicaron en sectores donde están alojadas personas acusadas de tráfico de drogas. En el ambiente narco, delatar a alguien significa riesgo de vida.

Los conocidos o allegados de los denunciantes, según los dichos de fuentes judiciales, también habrían sido perseguidos. Por ejemplo, un conocido de Ledesma fue retirado del taller de panificación después de que se concretara el secuestro de pastillas al empleado de ese sector. Al sospechar que él podría haber aportado información, lo sacaron del lugar.

Morales destacó que “los presos se están animando a hablar sobre lo que sucede dentro de los paredones de Villa Urquiza”.

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