El legislador Marcelo Caponio, acompañado por el ingeniero Luis Morghestein, presentó un proyecto de ley que propone jerarquizar y volver a poner en valor el principal pulmón verde de la Capital tucumana.

El proyecto expone como algunos argumentos para transformar en Ley esta idea, a una dudosa habilitación de una calle sobre avenida Coronel Suárez al 400, a las obras de restauración en el museo nacional Casa del Obispo Colombres, la desidia en la poda de árboles, el apartamiento de los lineamientos paisajísticos diseñados originalmente, indicios de abandono en el riego y el cuidado del césped y de las instalaciones en general del predio (ejemplo: el Palacio de los Deportes).

Si la iniciativa avanza, se creará un Consejo de Protección Integral específico para que “administre”, “mantenga” y “restaure” ese espacio, en lugar de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán.

El artículo 2° del texto expresa cuáles serían los objetivos generales, y el primer inciso propone “retirar la facultad de administración del parque 9 de Julio” a la Capital. Así, la tarea de “conservación, protección, restauración ecológica y uso racional y sostenible” del predio pasaría al Consejo de Protección Integral. Este organismo contaría con seis representantes, que deberían ser propuestos por la Secretaría de Medio Ambiente del PE, por la Unidad de Reconversión del Espacio Público, por la Dirección de Patrimonio Cultural de la Provincia, por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (UNT), por la Facultad de Agronomía (UNT) y por el Instituto Miguel Lillo (UNT).

La propuesta de Caponio y Morghenstein cuenta con dos anexos de más de 300 páginas, donde constan antecedentes normativos y actuaciones administrativas referidas al predio. Allí se recuerda que el parque 9 de Julio fue “comprado” por la Provincia en 1906, a instancias de la ley nacional 5.038, que permitió la expropiación de unas 400 hectáreas. “Actualmente (el paseo público) ocupa menos de la mitad de la superficie adquirida para ese fin”, remarca el proyecto. Y dedica varias páginas a cuestionar la labor de la gestión de la Intendencia capitalina. “Llama la atención la conducta desplegada por la Municipalidad, al llevar a cabo la construcción de una calle (a la altura de Coronel Suárez al 400) al margen de todo marco legal, sin respetar leyes que protegen al parque como patrimonio cultural provincial. Esta situación pone de manifiesto las irregularidades en las que incurre (la Capital) al ejercer su facultad de administración”, consignaron. Y agregaron que la “actitud infractora de la Municipalidad no es una novedad”. En ese sentido, recordaron que, en 2014, la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos envió una nota para objetar las obras de restauración de la Casa del Obispo Colombres “sin que hayan sido autorizadas” por ese organismo. Los legisladores remarcaron luego que, si bien la Capital administra el predio, su dominio está en manos de la Provincia. “El deterioro o desaparición de un bien del patrimonio cultural constituye un empobrecimiento nefasto para la cultura de los pueblos”, sintetizaron Caponio y Morghenstein.

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