En el marco de la causa en la que se investiga el manejo fraudulento de los fondos provenientes de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), que tenían como destino la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), y por incumplimiento de deberes de funcionario público, el fiscal federal general, Antonio Gustavo Gómez, solicitó la detención Juan Alberto Cerisola, ex rector en el período 2006-2014; de la suspendida directora general de Construcciones Universitarias, Olga Cudmani; del ex subsecretario de Políticas Administrativas y Gestión, y ex diputado nacional radical Luis Sacca (empleado no docente de la UNT con la máxima categoría), y del jubilado director de Inversiones y Contrataciones, Osvaldo Venturino.

A través de un documento, el representante del ministerio público federal consideró que es importante para la profundización de la causa, en la recolección de más elementos de pruebas, lograr la detención de Cerisola y de los otros involucrados en la causa a fin de evitar el entorpecimiento en la investigación.

La solicitud del fiscal General llega días después que la Cámara Federal no hiciera lugar a los recursos de apelación interpuestas por las defensas técnicas de los procesados. En la misma sentencia, los magistrados recomendaron profundizar la investigación con relación a los hechos denunciados.

La sentencia de 182 carillas, que no está firme, dispuso en forma expresa que se analice el circuito de los $ 342 millones asignados a la casa de estudios superiores en concepto de utilidades durante el período 2006-2009.

En el tercer punto de la resolución que firmó el fiscal Gómez, indicó que “se disponga, por los medios pertinentes, instar a la evaluación de la conveniencia del dictado de una orden de detención en contra de los procesados Juan Carlos Cerisola, Luis Fernando Sacca, Olga Graciela Cudmani y Osvaldo Venturino”.

Los presuntos hechos ilícitos vinculados al manejo del dinero remitido por YMAD en concepto de utilidades abarcan la configuración de un régimen especial de contratación de obras públicas por fuera de la ley; irregularidades diversas en la ejecución de estos proyectos; colocaciones financieras anómalas y, por fin, la renuncia a la percepción de la mitad de los beneficios originales: todo ello en perjuicio del patrimonio de la UNT.

El cúmulo de conductas impugnadas y las pruebas recolectadas desde 2010 llevaron al juez Fernando Poviña a procesar a Cerisola, Cudmani, Sacca y Venturino, y a trabar respectivamente embargos por $ 50 millones; $ 30 millones; $ 10 millones y $ 3 millones.

Estas novedades judiciales constan en la sentencia del 7 de julio de 2016, que recurrieron los defensores Silvia Peyracchia (por Cerisola); Alfredo Falú (por Cudmani), y Carlos Marcelo Seidan y Francisco y Adriano Luna Ladettto (por Sacca). El recurso de Venturino fue articulado por la defensa pública.

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