Rebelión judicial contra el Gobierno por Ganancias

Un clima de rebelión generalizado está atravesando vastos estamentos del Poder Judicial que vienen acumulando furia contra el Gobierno por una multiplicidad de factores que han vuelto iracundos a jueces, fiscales, defensores y funcionarios judiciales. Al punto tal de que un sector está dispuesto a declararse en guerra abierta, de manera pública. El blanco de su bronca es el Ministerio de Justicia que preside Germán Garavano pero tampoco escapa de sus dardos la propia Corte Suprema, luego del fallo que volteó la medida cautelar que acotaba los alcances del pago del Impuesto a las Ganancias para quienes hubieran asumido cargos desde 2017. La negociación de los magistrados con los delegados oficiales para establecer de qué forma comienzan a pagar el tributo está empantanada y ya derivó en un rotundo rechazo a la propuesta inicial elevada por el Poder Ejecutivo, a la que consideraron “inaceptable”. Los sectores más belicosos acusan destrato, injerencia oficial de operadores judiciales o de la Agencia Federal de Inteligencia y un intento de “copamiento” de cargos vacantes por el festival de nombramientos acordados con el Senado para sesiones extraordinarias, que ayer tuvo su primer capítulo.

Hasta los más moderados, que mantienen reuniones permanentes con los delegados del Ejecutivo, sostienen que la administración de Mauricio Macri está mostrando una posición intransigente sobre el tema Ganancias, que impide una solución de consenso luego del fallo de la Corte. Califican de “embates sistemáticos” las propuestas que se tiran sobre la mesa para encontrar una fórmula que permita aplicar los aumentos sin dañar la “intangibilidad de los salarios”. El proyecto de que tributen sobre el diferencial de sueldo para el nuevo cargo fue rechazado por el oficialismo de la Asociación de Magistrados que se cargó al hombro la negociación en representación de los jueces y fiscales. El camarista Ricardo Recondo es el interlocutor que mandó el mensaje de que no “cualquier acuerdo” será homologado por los magistrados. El borrador promovía el pago de una alícuota a quienes hubieran asumido cargos nuevos a partir de 2017. La cuestión generó ya varios cruces y la sensación de que el Gobierno está incumpliendo una señal no verbal de alto el fuego y los está empujando al despeñadero.

Por debajo, la situación es mucho más candente. Al paro de 48 horas dispuesto desde hoy por el gremio que conduce Julio Piumato por el diferimiento del aumento salarial del 10% de diciembre para el año próximo, se sumó el malestar por Ganancias y la sospecha de que el Ejecutivo (en breve) se llevará por delante el régimen jubilatorio del que goza el Poder Judicial. Todo este combo podría hacer eclosión esta noche en la tradicional cena de fin de año de la Asociación de Magistrados, donde está invitado Garavano y la Corte. Chats judiciales, sobre todo identificados con la “lista Celeste”, oposición en la Asociación, fueron utilizados para hacer catarsis y debatir una suerte de vacío a la convocatoria si se presenta el Ministro. Dejar las sillas vacías como señal de rechazo y organizar una “contracumbre” en Plaza Lavalle fueron las propuestas que más adhesiones cosecharon, con posible fecha el 27, o al regreso de la feria de enero. Primó la posición menos extremista que la que sugería ir y hacerle un “escrache” a Garavano en el mismo evento para expresar la bronca. Ambas situaciones son inéditas para el estricto protocolo que rige la tradicional cena anual. Advertidos, en despachos oficiales buscaron ayer desactivar esa movida.

La furia también se dirigió hacia la Corte “de abogados”, como peyorativamente denominan al máximo Tribunal que hizo caer la cautelar. Salvo Elena Highton de Nolasco, ninguno de los otros cuatro supremos tiene carrera judicial, sino que vienen de la academia, la profesión o la política. Los jueces hacen la distinción de estirpe a propósito: “nos entregaron”, afirman por lo bajo. Acuerdos quebrados, lazos cercanos con Daniel “Tano” Angelici y mayor influencia del asesor presidencial José Torello, junto a una creciente presión desde el despacho del “Señor 5” Gustavo Arribas (AFI) son parte del paquete de quejas que fluyeron como catarata entre los magistrados, a los que sumaron el pack de nombramientos que apuró el Gobierno a instancias del Senado. Puntualmente hicieron foco en el fuero contencioso administrativo Federal y los que están destinados a Comodoro Py. En ese punto, cruje la interna entre sectores que compiten por disputarse las vacantes.

Una comitiva de 12 jueces y fiscales mantuvieron una reunión reservada en el Senado con el intento de detener el aval para el centenar de designaciones que el Gobierno pretendía realizar en febrero, revelada por Ámbito Financiero el martes pasado.

En cuanto a nombramientos, la Corte ofreció ayer su propia perlita: el presidente Carlos Rosenkrantz efectivizó dentro de su propia vocalía a Mariano Braccia, un alto funcionario de AFIP y experto en derecho tributario que mantendrá su status dentro del organismo recaudador pero pasará a reportar en los letrados que se enfocan en los asuntos sensibles que concitan la atención del titular del máximo Tribunal, vinculados a impuestos y temas aduaneros.

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