En el equipo económico hay un serio temor político a mediano plazo. La feroz interna que abrió Elisa Carrió en Cambiemos podría tener una segunda parte, en caso de que Mauricio Macri le dé el gusto y embista contra el ministro de Justicia, Germán Garavano, y el resto de los apuntados por la diputada. Será si se cumple la promesa/amenaza que la diputada nacional lanzó el jueves pasado en el Centro Cultural Kirchner (CCK), el lugar elegido por el oficialismo para lanzar el plan Argentina Exporta, del que Elisa Carrió se siente madrina e impulsora. En ese evento, y segundos antes de lanzar al aire que se amigaría con Macri sólo cuando Garavano sea eyectado del Gobierno, anunció una nueva batalla contra «la cartelización y los monopolios», la que, en teoría, la «amigaría con el Presidente».

Lo que Carrió le estaría marcando al Gobierno es que aplique la ley antimonopolio que impulsó desde el Congreso, que Diputados y Senadores aprobaron, pero que el Ejecutivo prolija y silenciosamente cajoneó.

«Acá hay cartelización y monopolios inadmisibles y ese es mi próximo objetivo. Eso me va a llevar a pelear con otros sectores. Eso va a permitir amigarme con el Presidente ahora cuando me lo saque a Garavano», dijo Carrió el jueves pasado, segundos antes de su embestida final contra el ministro Garavano, lo que hizo desviar la atención en las cuestiones políticas más que las económicas. Antes, en la misma filípica, había hablado de «monopolios inadmisibles» mencionando algunos casos puntuales como el acero y la siderurgia, aunque sin nombres propios de empresas.

El evento había sido preparado por el Gobierno para una especie de readmisión de Carrió en las políticas de gobierno, pero derivó en la autodeclaración de la diputada como «representante de las pymes», lo que luego enojó al resto del gabinete que se dedica al tema industrial y empresarial.

Lo que en realidad Carrió dejó claro con la postura es que, en gran parte, no acepta que la causa principal y fundamental de la inflación indomable sea una cuestión monetaria y de déficit fiscal. Este es el mismísimo corazón del acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en sus dos versiones (junio y octubre), donde se concentran todos los cañones para combatir el aumento en los precios en cuestiones monetarias vinculadas a la velocidad de la circulación del dinero, la expansión de la base monetaria y, en definitiva, el crónico desequilibrio entre lo que el Estado nacional gasta y lo que recauda.

Carrió demostró que tiene otra teoría, y que está dispuesta a pelear abiertamente para que el Gobierno nacional la acepte como todas las convicciones de la diputada: como la verdad absoluta. Como un combate entre el bien y el mal. Según la visión de la legisladora, expresada en más de una oportunidad, antes y después de llegar Macri al Gobierno, el alza del IPC tiene en la Argentina más que ver con los «formadores de precios» que con las teorías y los libros escritos fuera del país sobre cómo manejar y frenar la inflación. Puertas adentro de Cambiemos a la disputa se la llama «monetaristas vs. formadores». En la boca de Carrió, estos últimos serían esos «monopolios» y «cartelizaciones» inadmisibles a los que el Gobierno de Macri debería enfrentar. Y, siguiendo su lógica, si no lo hace, es porque hay complicidades similares a las de Garavano con lo peor de la Justicia. Siguiendo su lógica, Macri y sus ministros de Hacienda, Nicolás Dujovne, y de Producción, Dante Sica, deberían identificar a las empresas monopólicas, con nombre y apellido, y comenzar a combatir sus monopolios.

La posición es diametralmente opuesta a la política que hoy lleva adelante el oficialismo y que sólo se basa en la certeza de que mientras exista en el país el déficit fiscal, no debe esperarse otra respuesta que una presión importante en el alza de la inflación. Los «formadores» consideran que, en parte, la estrategia actual peca de optimista, y no tiene en cuenta factores criollos que fomentan el alza de precios. Carrió pide considerar también a las conductas culturales de los privados como factores inflacionarios, incluyendo a muchas de las grandes compañías productoras de alimentos, bebidas, artículos de limpieza, textiles, etc. Incluyen, además, a varios oligopolios o, directamente, monopolios, en el fenómeno, en especial a productores de insumos para la fabricación de algunos bienes. Ya Carrió había embestido con su teoría en mayo de 2016 durante el debate de una fallida ley antidespidos, asegurando que «los formadores de precios se humillaron con Guillermo Moreno y se desataron con la libertad»; agregó que «Arcor y Molinos Río de la Plata tienen que bajar los precios» y le pidió «a la sociedad que no compre las primeras marcas que suben los precios», apuntando en ese momento contra Arcor y Molinos. Según la legisladora, se trataba de dos compañías que en su momento se habrían sometido a los dictámenes de Moreno y habían aceptado, sin discutir, sus políticas de controles de precios y de cierre de mercados. Esta actitud se habría mantenido luego con Augusto Costa en la Secretaría de Comercio, y recién cuando Mauricio Macri triunfó en las elecciones presidenciales estas compañías habrían dejado de obedecer al kirchnerismo, siempre según la visión de la legisladora. Carrió avanzó luego en firme y presentó su propio proyecto de ley de Defensa de la Competencia y logró que el Congreso la aprobara.

La diputada sigue siendo (como desde sus inicios en la política), crítica con los empresarios y la falta de apoyo de los privados con el Gobierno de Mauricio Macri. Habla de «formadores de precios» y «carteles» y menciona sectores concretos: los súper e hipermercados, los más importantes fabricantes de alimentos y bebidas, los de productos de consumo masivo, materiales para la construcción, insumos básicos y los exportadores de productos primarios. Comenzando por la empresa que tendría el monopolio de los envases para mantener los productos envasados en el largo plazo.

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