El dato surge de una auditoría realizada por el Consejo de la Magistratura sobre todos los expedientes concluidos entre 1996 y 2016 en los tribunales de Comodoro Py, sobreseimiento, falta de mérito, archivo y prescripciones. Esos fueron los principales destinos de las causas de corrupción en la Justicia Federal que involucraron a presidentes, ministros, empresarios y otras personalidades durante los últimos 20 años, según consta en los datos de la auditoría que difundió ayer el Consejo de la Magistratura.

Solo el 8% de los expedientes más sensibles para la vida institucional del país en las últimas décadas llegaron a juicio oral, la instancia que define si un acusado es culpable o inocente.

El resto, la gran mayoría de los expedientes, naufragó en los pasillos de Comodoro Py, el edificio que empuja la imagen negativa sobre la Justicia Federal.

En números concretos: menos de 100 casos de corrupción llegaron a juicio oral sobre los 1151 expedientes concluidos que revisaron los auditores del Consejo, según los datos presentados por el presidente del organismo, Miguel Piedecasas.

El informe de 434 páginas presentado ayer contaba con el detalle, caso por caso, del trámite de los expedientes desde 1996 hasta 2016 en cada uno de los 12 juzgados de Comodoro Py.

Este segundo capítulo de la auditoría, que centra su análisis sobre los expedientes concluidos, expone también el letargo de varios juzgados que tramitaron casos durante más de diez años. Por las largas demoras en el trámite de los casos, quedaron expuestos bajo la lupa los juecesfederales Rodolfo Canicoba Corral, Norberto Oyarbide, Luis Rodríguez y Ariel Lijo por el trámite de estos expedientes.

¿Por qué solo el 8% de las causas llegan a juicio oral? “La falta de mérito y el sobreseimiento también son formas de concluir un proceso. Lo importante es que cuando llegan a juicio oral tenemos un número considerable que llegan a condenas contra políticos corruptos”, sostuvo la camarista María Lilia Díaz Cordero, titular de la Asociación de Magistrados de la Justicia.

Esta segunda parte de la auditoría volvió a dejar bajo la lupa los tiempos en que los jueces federales resuelven causas de corrupción.

Una primera lectura pública sobre los datos despierta sorpresa: el promedio por juzgado para resolver un caso es de dos años y cuatro meses,un número bastante más cercano al ideal sobre un rápido funcionamiento de la Justicia.

Pero ese promedio -aclararon fuentes oficiales- incluye también datos de una gran cantidad de denuncias que apenas prosperan y terminan con un rápido sobreseimiento de los imputados. Más allá del bajo promedio que arrojó la auditoría, el Consejo también señaló que el 12% de los expedientes demoraron, por lo menos, más de seis años. “Las causas se cuadruplicaron en los últimos años y también se hicieron más complejas las investigaciones de delitos que pueden tener impacto internacional”, explicó Díaz Cordero. Efectivamente, la auditoría reflejó el impacto de la judicialización de la política sobre Comodoro Py. El trabajo se multiplicó en los juzgados desde el segundo mandato de Cristina Kirchner en adelante. En 2011 se impulsaron 54 casos. Pero el número se multiplicó en los siguientes años. En 2014, por ejemplo, las denuncias ascendieron hasta 268.

El juzgado federal porteño N° 6 (el que más demoró), que instruye Canicoba Corral, registró 13 causas de corrupción que tardaron más de 10 años en resolverse. Y otros cinco casos que demoraron entre seis y diez años para tener una resolución.

No es la primera vez que la performance de este juez queda bajo sospecha. El Consejo ya había señalado -en la primera parte de la auditoría- que el juzgado N° 6 registró la menor cantidad de procesamientos de Comodoro Py (el 8%) y la mayor cantidad de expedientes de corrupción cerrados por prescripciones (10%) sobre las causas en trámite. Detrás aparece el juzgado N° 5, que estuvo a cargo de Oyarbide durante todo el período de la auditoría, con nueve expedientes de corrupción que se resolvieron en más de una década.

El exjuez Oyarbide, ícono de la Justicia alineada con la política, también había sido señalado en el primer capítulo de la auditoria: registró diez prescripciones, es decir, el 15% de sus causas en trámite al momento de su renuncia en 2016 estuvieron atravesadas por este beneficio.

El juzgado N° 9, a cargo de Luis Rodríguez desde 2012, también fue señalado ayer por la demora de ocho expedientes, que tardaron más de diez años en resolverse. Ese juzgado había sido ocupado antes por los jueces Juan José Galeano y Octavio Aráoz de Lamadrid.

El nuevo Código Procesal Penal tiene previsto un plazo para la instrucción de delitos complejos como los vinculados a corrupción de seis años. Pero en Comodoro Py hay una decena de casos que superan los 15 años en los tribunales. La auditoria del Consejo también hizo foco en las causas que demoraron entre seis y diez años. El juzgado N° 4, que instruye Lijo desde 2004, encabeza con 14 expedientes. El magistrado ya había sido denunciado en el Consejo por el supuesto “cajoneo” de expedientes.Otro dato llamó la atención de los auditores del Consejo: la cantidad de causas complejas resueltas en poco tiempo. En especial, el juzgado N° 9 (que ahora instruye el juez Rodríguez) concluyó el 77% de los expedientes que recibió en menos de tres años.

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