“Hemos logrado ponerle rostro a la gente que hizo mucho daño”, dijo el fiscal Leguizamón. Se habrían denunciado unos 3.000 casos.
Ya no quedan dudas de que fue un delito “made in Córdoba” o, al menos, que las personas que se dedican a esta actividad se especializaron en esa provincia. Luego de una larga investigación realizada por el Ministerio Público Fiscal, 10 personas fueron detenidas y quedaron prófugas otras 20, acusadas de cometer estafas telefónicas. Todas serán extraditadas y deberán afrontar cargos en nuestra provincia.
Entre enero y junio, en Tribunales se recibieron unas 3.000 denuncias. De esos expedientes, unos 1.200 se encuentran en la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, mientras que otras 1.800 están en la Unidad de Decisión Temprana esperando que las víctimas continúen con la acción penal. Para las autoridades resulta imposible determinar de cuánto dinero lograron apoderarse, pero serían cifras millonarias.
Los fiscales Alejandro Noguera, primero, y Marcelo Leguizamón, luego, que subrogaban la oficina de Delitos Complejos, comenzaron con la investigación. Trabajaron con los peritos del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), que cuenta con la oficina de Delitos Telemáticos, la cual se encarga de realizar ciertas pericias y de investigar lo que ya se conoce como el “cibercrimen”.
“En los últimos tiempos, por decisión del ministro fiscal Edmundo Jiménez, se adquirió tecnología de avanzada para realizar pesquisas. Esos elementos tecnológicos nos ayudaron muchísimo para tratar de esclarecer estos hechos”, indicó el coordinador del ECIF, Eugenio Agüero Gamboa. También colaboraron los investigadores de la ex Brigada y del Departamento de Inteligencia Policial.
La investigación fue lenta. Los peritos especializados en la materia lograron identificar los dispositivos (celulares, tablets y computadoras) que utilizaban los delincuentes para estafar a los tucumanos.
Con esos datos, llegaron a ubicarlos en Google, Facebook e Instagram. Pero para dar con su precisa ubicación, necesitaban que esas empresas multinacionales brindaran la información más valiosa: determinar la ubicación exacta de dónde se activaban. Se sabe que para esas empresas, la privacidad es clave, por lo que las respuestas tardan mucho más de lo esperado. “Afortunadamente pudimos eludir todos los obstáculos que se nos presentaban. No se olvide de que una causa se abría con un simple número de teléfono”, indicó el fiscal.
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